lunes, 18 de marzo de 2024

Castigo político a autonomías y Ayuntamientos

El enfrentamiento político constante provoca que no se resuelvan los grandes problemas que preocupan a los españoles, desde la sanidad y la educación a la vivienda, la Dependencia, el agua o las ayudas a la familia. Un ejemplo reciente: el PP ha bloqueado en el Senado el techo de gasto para 2024, paso previo a los Presupuestos (ahora prorrogados). Y así, ha privado a autonomías y Ayuntamientos (la mayoría gestionados por el PP) de gastar 4.380 millones extras este año, que no podrán destinarse a servicios públicos. Ese dinero está perdido, aunque el Gobierno ha asegurado, con una enmienda a otra Ley, que autonomías y Ayuntamientos reciban este año más dinero que nunca, a cuenta de la recaudación prevista. Pero la mayoría de autonomías y Ayuntamientos (gestionadas por PP y Vox) han aprovechado para bajar impuestos (más a los más ricos), con lo que recaudarán menos y no podrán gastar más en sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales y servicios públicos, faltos de medios y recursos. La política manda.  

                    Enrique Ortega

El primer trámite para que cualquier Gobierno elabore unos Presupuestos es aprobar “el techo de gasto, un tope al gasto que se puede presupuestar para rebajar el déficit y la deuda. Es una exigencia impuesta por Bruselas en 2011, que obligó a reformar la Constitución española (artículo 135, en septiembre de 2011) y aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria (abril de 2012), que exige aprobar ese techo de gasto previo a cualquier Presupuesto (el primero, para el Presupuesto 2013). Esta vez, el Gobierno Sánchez aprobó el 12 de diciembre pasado ese techo de gasto para los Presupuestos de 2024 y lo envió al Congreso, que lo aprobó el 10 de enero. Luego tuvo que pasar al Senado, donde la mayoría absoluta del PP lo rechazó, como ataque político al Gobierno y su amnistía.  El Gobierno volvió a aprobar (13 de febrero) ese mismo techo de gasto y lo envió, por 2ª vez, al Congreso (que lo volvió a aprobar el 29 de febrero)  y al Senado, que volvió a rechazarlo (6 marzo), alegando está vez la corrupción y el caso Koldo.

El Gobierno reaccionó a este doble veto manteniendo el anterior techo de gasto para 2024, que había enviado a Bruselas en abril y que aprobó la Comisión Europea. Pero ojo, este anterior techo de gasto, que podía aplicar este año, tiene una diferencia esencial: permite menos gastos a autonomías y Ayuntamientos. En el techo de gasto vetado por el PP en el Senado, se permitía a las autonomías tener un déficit del -0,1% de su PIB, mientras que en el anterior techo (el vigente ahora) no pueden tener déficit. Y se permitía a los Ayuntamientos tener un superávit del +0,2% de su PIB, mientras el anterior (el vigente ahora, tras el veto del Senado) les prohíbe tener superávit. Consecuencia: las autonomías podrán gastar 1.456 millones menos en 2024 y los Ayuntamientos otros 2.924 millones menos.

Así que el veto político del PP (y Vox) al nuevo techo de gasto (que permitía más gasto a Ayuntamientos y autonomías a cambio de menos gasto del Estado) suponía que autonomías y Ayuntamientos podrían gastar 4.380 millones menos. Un veto político que era “un tiró en el pie”, porque perjudicaba a instituciones gobernadas mayoritariamente por PP y Vox (11 autonomías y el 40% de Ayuntamientos).  De hecho, la Comunidad de Madrid va a poder gastar 284,2 millones menos este año, Andalucía -195,7 millones, la Comunidad Valenciana -137,3 millones, Galicia -75,8 millones, Castilla y León -69,7 millones y Canarias -53,2 millones, por ejemplo, mientras Cataluña pierde -277,1 millones, País Vasco otros -86,2 millones, Castilla la Mancha -50,7 millones, Aragón -45,4 millones, Murcia -38,9 millones, Baleares -38,5 millones, Asturias -28 millones, Navarra -24,5 millones, Extremadura -24 millones y Cantabria -17,6 millones, según cálculos de Hacienda, que recuerda que con ese mayor gasto autonómico (los 1.456 millones perdidos con el veto del Senado) se podrían crear 50.000 plazas de profesores o 28.000 de médicos.

El mayor recorte por el veto al nuevo techo de gasto lo sufrirán los Ayuntamientos, que no podrán gastar 2.924 millones más este 2024, unos recursos que les permitirían promover viviendas públicas, mejorar el transporte público o los servicios municipales, afrontar los problemas de agua o mejorar las ayudas a mayores y personas vulnerables. El Ayuntamiento que más pierde es el de Madrid (-202 millones), seguido de lejos por Barcelona (-101 millones), Sevilla (-42), Málaga (-36), Las Palmas (-23), Vigo (-18), A Coruña (-15), Fuenlabrada (-15), Alcorcón (-10) o Pontevedra (-5 millones), según datos del PSOE, que propondrá mociones en Ayuntamientos y autonomías para denunciar el perjuicio del veto del PP (y VOX) a sus propias instituciones. Y ,tanto Ayuntamientos como autonomías, tendrán que rehacer sus Presupuestos 2024, para incluir estos menores ingresos.

Una semana después del veto en el Senado al techo de gasto, el Gobierno catalán se descolgó con un adelanto electoral, al no poder aprobar sus Presupuestos para 2024, por el veto de los comunes. Y unas horas después, el Gobierno Sánchez comunicaba que renuncia a presentar unos Presupuestos para 2024, como tenía previsto (en abril) , porque necesitaba pactar con los nacionalistas catalanes (y vascos), que estarían enfrascados en sus elecciones (21 de abril en Euskadi y 12 de mayo en Cataluña) y eso enturbiaría sus exigencias. Además de que sólo servirían para 6 meses (sería imposible aprobarlos antes de junio). Su decisión es mantener la prórroga de los Presupuestos 2023 para todo 2024, una prórroga que ya aprobó el Gobierno el 27 de diciembre de 2023. Y ponerse a trabajar para presentar en septiembre los Presupuestos de 2025.

Esta será la 9ª prórroga de Presupuestos de la democracia. La prórroga más duradera fue la de los últimos Presupuestos de Montoro, los de 2018, que sirvieron para 2018, 2019 y 2020, siendo los de 2021 los primeros aprobados por el Gobierno Sánchez. La prórroga de Presupuestos afecta negativamente a la economía, aunque se salvaguardan temas claves, como la subida de las pensiones (se cumplirá la Ley de subirlos con el IPC) y los funcionarios (subida pactada), así como las rebajas de impuestos a la electricidad y los alimentos (aprobadas ya). Tampoco afecta la prórroga de Presupuestos a las inversiones ligadas a los Fondos europeos, que seguirán su curso. Eso sí, no se podrán retocar impuestos ni realizar nuevos gastos, lo que impedirá aplicar reformas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, algunas mejoras a la dependencia, ayudas al campo y medidas ligadas a la nueva Ley de Familia y la de derechos de los consumidores. En definitiva, no poder aprobar un nuevo Presupuesto no ayuda a resolver problemas, paralizando algunos gastos e inversiones.

Cara a autonomías y Ayuntamientos, el Gobierno Sánchez ha encontrado “un truco” para que reciban en 2024 las “entregas a cuenta” de la recaudación prevista: las ha incluido a última hora como enmienda socialista al proyecto de Ley de ayudas anticrisis. Así, asegura que las autonomías recibirán este año 134.658 millones, un +8,3% que en 2023,  a cuenta de la recaudación prevista (les toca un 50% de lo que Hacienda espera ingresar por IRPF e IVA y un 58% de los impuestos especiales). Falta saber si les podrá abonar también (con un Presupuesto prorrogado) los otros 20.746 millones que les corresponden como liquidación definitiva de 2022 (se liquida 2 años después). En el caso de los Ayuntamientos, la misma enmienda les asegura este año 23.773 millones de euros, un +5,1% que en 2023, como entrega a cuenta de la recaudación prevista (municipios reciben el 2,13% de los ingresos por IRPF, el 2,32% del IVA y el 2,92% de los impuestos especiales). Y queda por saber si podrán recibirán alguna cantidad adicional (como otros años)  por la liquidación final de 2022.

En cualquier caso, Hacienda reitera que autonomías y Ayuntamientos recibirán en 2024 las mayores transferencias del Estado de la historia, como ya pasó en 2023, gracias a que Hacienda consiguió una recaudación récord, por el crecimiento del PIB y del empleo, aumento de recaudación que será menor en 2024, aunque Hacienda estimaba (antes de prorrogar el Presupuesto) que iban a recibir 20.000 millones más que en 2023. Y destacan que las autonomías han recibido 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2013) que los recibidos en los 5 años de Gobiernos de Rajoy (2013-2017), según datos aportados por Hacienda como defensa ante las acusaciones de falta de recursos.

¿Qué han hecho las autonomías (y los Ayuntamientos) con estos mayores recursos recibidos del Estado central?  La mayoría los han destinado a mayores gastos e inversiones, aunque hay autonomías que también han aprovechado para gastar menos en algunas cosas. Dos ejemplos escandalosos. Uno, el gasto en Dependencia. En 2021, 11 autonomías aprovecharon que el Gobierno aprobaba un Plan de choque y aumentaba el gasto estatal en dependencia para gastar ellos menos (“ahorraron” 188,7 millones), según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y en 2022, volvieron a hacerlo: 9 autonomías gastaron 203 millones menos en Dependencia, mientras había 180.000 dependientes “en lista de espera”. El otro ejemplo, las rentas mínimas: 13 autonomías han aprovechado que el Gobierno central ponía en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir el gasto (-241 millones, entre 2020 y 2022) y los beneficiarios (-128.448) de las rentas mínimas que financian las autonomías, según otra denuncia de los Directores de Servicios sociales.

Lo que han hecho la mayoría de las autonomías (y Ayuntamientos), sobre todo a partir de 2023, cuando ganaron las elecciones del 28-M el PP (y Vox), ha sido bajar los impuestos, aprovechar los mayores recursos recibidos para reducir los impuestos (más a los que más tienen). En 2023, ya bajaron el impuesto de la Renta (bajando la tarifa o aumentando las deducciones) la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura y Canarias. Y en 2024, son ya 11 las autonomías (básicamente las gobernadas por PP y Vox) que han vuelto a bajar la tarifa del IRPF (aumentando además deducciones), así como la tarifa del impuesto de sucesiones y donaciones (peleando por quien cobra menos por las herencias), transmisiones patrimoniales y sobre todo, aprobando cambios en el impuesto de patrimonio: 7 autonomías han legislado para recuperar lo que perdían al aprobar Hacienda el impuesto alternativo sobre grandes fortunas, según refleja este estudio del Consejo de Economistas, donde se ve “el guirigay fiscal” de las autonomías.

El problema de estas bajadas de impuestos autonómicos (y municipales), que políticamente “suenan bien”, es que reducen la recaudación de las autonomías (y Ayuntamientos), perjudicando a sus ciudadanos. Se estima que en la Comunidad de Madrid, las rebajas sólo en el IRPF van a recortar sus ingresos en 379 millones en 2024 (más otros 1.200 millones que pierde por bonificar el Impuesto de Patrimonio). En Murcia, las rebajas supondrán recaudar este año 400 millones menos y otros 366 en la Comunidad Valenciana, 240 millones menos en Canarias, 120 millones en Baleares, 90 millones menos en Cantabria, 67 en Extremadura, 51 en Aragón y 50 millones menos en Galicia

En definitiva, las mismas autonomías (y partidos) que se quejan de que están “infra financiadas”, aprueban por ideología política unas rebajas fiscales (que favorecen más a los contribuyentes con más recursos) que les suponen recaudar menos y por tanto poder gastar menos en servicios públicos y sociales, que necesitan más los que menos tienen. Basta analizar las autonomías que menos gastan en educación, Sanidad, Dependencia o rentas mínimas para ver que son las que más bajan impuestos. Veámoslo.

En sanidad,  6 autonomías gastaron por debajo de la media (1.809 euros por habitante) en 2023: Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651 euros/habitante). En educación, gastaron por debajo de la media (en 2022) Madrid (816 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937). En Dependencia, los que menos gastan por habitante potencialmente dependiente (2023) son Asturias (744 euros), Galicia (812), Canarias (858), Navarra (971), Aragón (986), Murcia (1.020), Baleares (1.238), Cantabria (1.239) y Comunidad Valenciana (1.292), todas por debajo de la media (1.305 euros), mientras Madrid recortó este gasto un -57%. Y en rentas mínimas, hay gran distancia entre los 526,4 millones que gastó Cataluña (2022), los 379,6 millones del País Vasco, 97,11 de Canarias o 77,22 de Andalucía y los 25,18 millones que gastó Madrid, 23,2 de Extremadura, 7,7 de Murcia, 7,3 de Aragón y los 3,4 millones gastados por Castilla la Mancha.

Y no podemos olvidar las desigualdades en el gasto de los Ayuntamientos, que sostienen unos Presupuestos de 50.000 millones al año, destinados al pago de personal y a atender servicios básicos para sus vecinos (transportes, basuras, abastecimiento agua, policía, seguridad e inversiones en infraestructuras y servicios). Aquí, el gasto es muy desigual, porque lo son sus ingresos, relacionados con su población y economía: dos tercios de su recaudación procede de la vivienda (del IBI) y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias que reciben del Estado y de su autonomía. Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (2023) son Barcelona (2.243 euros), Marbella (2.227), San Sebastián (2.095), Bilbao (1.915), Lleida (1.630), Madrid (1.622), Cádiz (1.451), Tarragona (1.383), Zaragoza (1.325), Valencia (1.320), Huelva (1.314), Toledo (1.290), Logroño (1.281) y Málaga (1.258 euros por habitante). El gran problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños (8.000), con bajos ingresos y unos gastos mínimos que han de afrontar.

En resumen, estamos ante un problema muy serio: la mayoría de los servicios públicos que nos importan dependen de los Ayuntamientos y, sobre todo, de las autonomías (gestionan el 92% del gasto sanitario, el 85% del educativo y el 73% de la Dependencia). Y aunque reciben muchos más recursos del Estado, racanean con los gastos sociales y rebajan impuestos, recortando así su recaudación. Este año 2024, sin el gasto extra del techo de gasto vetado y sin Presupuestos, tendrán que ajustar sus Presupuestos y hacernos recortes. Pero lo tienen peor para 2025, porque recibirán menos transferencias del Estado (recaudará menos y tendrá que bajar más el déficit público) y ellos también recaudarán menos. Así que convendría alcanzar acuerdos (tras las elecciones europeas de junio) sobre financiación e impuestos (estatales, autonómicos y municipales), para costear un Estado del Bienestar que necesita más medios y recursos. Con tanta pelea política, no avanzamos en resolver los problemas que preocupan a la mayoría.

jueves, 14 de marzo de 2024

La Inteligencia Artificial destruye y crea empleo

Este miércoles 13, el Parlamento europeo aprobó la 1ª Ley en el mundo sobre la Inteligencia Artificial (IA), que entrará en vigor en mayo y hasta 2026. Mientras, sigue la fiebre inversora por la IA y las grandes empresas empiezan a utilizarla, por temor a quedarse fuera de la mayor revolución tecnológica desde la electricidad. Y se perfila el gran temor ante la IA, la pérdida de empleos: un 40% del empleo mundial (1.360 millones) se verá afectado, según el FMI. En España, un estudio revela que perderemos 400.000 empleos netos los próximos 10 años: en realidad se perderán 2 millones, pero también se crearán 1,6 millones. Un problema muy serio, que afectará más a mayores y personas con formación, y que exige prepararse desde ya, aprobado ayudas a los que pierdan el trabajo y formando al resto para adaptarse a esta revolución tecnológica. España tiene “ la ventaja” de la escasa adopción de la IA (54,5% empresas no la utilizan), pero su uso crecerá exponencialmente. Urge prepararse.


La Inteligencia Artificial (IA) avanza imparable en todo el mundo, recibiendo millonarias inversiones para nuevos desarrollos y empresas (más de 50.000 millones de dólares en 2023) y con un uso cada vez más extendido entre las empresas (más de la mitad de las grandes empresas del mundo la están utilizando en 2024), por el temor a quedarse fuera y para aprovechar una tecnología que puede aumentar su productividad. Y con este avance, aumentan también los dos miedos que genera la Inteligencia Artificial (IA): que avance sin control y que suponga la destrucción de millones de empleos.

La Inteligencia Artificial (IA) busca que una máquina o una red de máquinas sean capaces de aprender y desarrollar tareas humanas, desde escribir o traducir a diagnosticar enfermedades, conducir un coche, investigar o invertir. Las primeras computadoras se crearon en EE. UU. en los años 40 y ya en 1950 se creó el primer experimento de Inteligencia Artificial, el proyecto Theseus: un ratón a control remoto capaz de encontrar la salida de un laberinto. En los años 90 aparecieron programas para juegos contra humanos y ya en 2012, el desarrollo AlexNet reconocía imágenes y objetos. En 2020 se avanza en el reconocimiento del comportamiento humano y el 1 de diciembre de 2022 aparece ChatGPT, un sistema de chat basado en modelos de lenguaje por IA que permite elaborar informes, traducción, artículos, fotos y vídeos, gracias al reconocimiento de voz e imágenes. Y actualmente, Google, X y otras grandes tecnológicas compiten cada día con nuevos desarrollos.

 Los expertos creen que, antes o después, se conseguirá que las máquinas (los ordenadores, solos o con robots) realicen (con menos coste y aceptable calidad) una gran parte de las tareas humanas, que exista “una Inteligencia Artificial a nivel humano”: un 50% de los científicos encuestados creen que esto sucederá antes de 2061 y el 90% están seguros que será “antes de 100 años”,  aunque muchos creen que se logrará “un gran avance” ya para 2050. Todo apunta a que la Inteligencia Artificial (IA) será la mayor innovación en la historia de la humanidad desde la electricidad (finales siglo XIX), permitiendo grandes avances en la Ciencia, sobre todo en energía, medicina, movilidad y sustitución de trabajos rutinarios y desagradables. Pero tiene dos graves incertidumbres: su efecto negativo sobre el empleo y el temor a un descontrol, que permita manipulaciones y controles de la sociedad.

El temor más inmediato es que la Inteligencia Artificial (IA) nos deje sin trabajo, sustituyendo a los humanos en muchos empleos, sobre todo los trabajos más cualificados y los más rutinarios, especialmente empleos administrativos, profesionales y técnicos, matemáticos, asesores financieros, periodistas, abogados, traductores y gestores. Todos estos empleos cualificados corren más riesgo con la IA que los empleos de baja cualificación, porque suelen tener salarios altos y la inversión para sustituirlos por IA compensa más que en empleos de baja cualificación (salvo los más rutinarios). A cambio, la IA también creará nuevos empleos, especialmente los ligados a la programación de las máquinas (“ingenieros de peticiones") y al tratamiento de datos.

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), de enero de 2024, cuantifica por primera vez los riesgos de la IA para el empleo: afectará al 40% del empleo mundial, a 1.360 millones de trabajadores, cuyo trabajo cambiará drásticamente o desaparecerá. Pero el efecto será diferente según los paises: en los paises desarrollados, el 60% de los trabajadores estarán expuestos a la IA, afectando al 40% en los paises emergentes y al 26% de trabajadores en los paises atrasados. También dependerá mucho de la cualificación:  los trabajadores más afectados por la IA serán los que tienen alta cualificación, junto a los mayores y parte de las mujeres. Otro informe anterior, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaba que las profesiones más afectadas por la IA serán los empleados administrativos (82% expuestos), las profesiones intermedias (27%), las  intelectuales y científicas (26%), los servicios directos a particulares, comerciantes y vendedores  (22%) y los directores y gerentes (14% afectados).

El informe del FMI señala que la IA tiene “un lado oscuro, que supondrá la pérdida y reconversión de millones de empleos y agravará la desigualdad laboral y salarial dentro de los paises y también entre sectores y paises. Pero también la IA tiene “un lado muy positivo”: es una revolución tecnológica que aumentará la productividad de las empresas y el crecimiento del mundo, creando además nuevos empleos. Se trata, pues, de una gran oportunidad, como la que abrieron antes otras revoluciones tecnológicas, y el reto es aprovechar sus ventajas y reducir sus inconvenientes, que serán más visibles a corto plazo. De hecho, el FMI advierte que la IA puede agravar las tensiones sociales (como hizo la 1ª Revolución Industrial, en el siglo XIX) y ampliar la brecha de desigualdad entre paises desarrollados y paises pobres.

De momento, aunque la aplicación de la IA está empezando, ya han surgido los primeros despidos. Así, un 25% de las grandes empresas anticipan una reducción del 5% de su plantilla o más en 2024 por la IA, según una Encuesta realizada por la consultora PwC a 4.702 consejeros delegados de 105 paises y presentada en enero en el Foro de Davos. Y, en paralelo, otro 39% de grandes empresas encuestadas van a aumentar su empleo este año un 5% o más por la IA . Los sectores que van a recortar un 5% o más por la IA son los medios de comunicación y entretenimiento (lo harán el 32% de las empresas), bancos, mercados y aseguradoras (el 28%), el transporte y la logística (el 25%), las telecos y empresas de servicios (25% harán recortes). A cambio, el 60% de los directivos multinacionales consultados esperan que la IA les mejore sus productos y servicios, aumentando su productividad y permitiendo nuevas contrataciones a medio plazo.

En España, un reciente informe de Randstad (26 de febrero) se atreve a hacer un balance del coste laboral de la IA en los próximos 10 años (2023-2033): se perderán 2 millones de empleos (casi el 10%) y se crearán 1,61 millones de empleos nuevos, con un saldo neto de -390.000 empleos perdidos.  Profundizando más, el informe de Randstad refleja que el 9,8% de los empleos actuales (2 millones) corren el riesgo de ser automatizados, mientras otro 15,9% de empleos (3,25 millones) se mantendrán (aumentando su productividad,) y la mayoría (el 74,3% restante, 15,19 millones de empleos) no tendrán cambios significativos por la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA).

El informe concreta los sectores que se verán más afectados negativamente por la IA: el comercio (perderá 158.415 empleos netos), las actividades administrativas (-147.915 empleos netos), hostelería (-112.770) y transporte y almacenamiento (-47.490), teniendo un menor impacto negativo la agricultura, ganadería y pesca, industria y construcción.  Y los sectores más beneficiados por la IA en España, que ganarán empleo neto, serán la programación y consultoría (+76.364 empleos netos), actividades científicas y técnicas (+48.816 empleos netos),  telecomunicaciones (+8.995 empleos), medios y publicaciones (+3.576) . Mientras, la IA aumentará la productividad del 15,9% de empleos, sobre todo en programación y consultoría (mejorará el rendimiento del 40% de los empleos), los seguros (37% empleos) y finanzas (36%), medios y publicaciones (33%), actividades científicas y técnicas (27%) y telecos (subirá productividad 25% empleos).

El problema del trabajo en el futuro es que la IA va muy rápido y los trabajadores tienen menos tiempo para adaptarse que en las revoluciones tecnológicas anteriores, según otro estudio de la consultora Oliver Wyman. Lo que parece claro, añaden, es que en las próximas décadas, la Inteligencia Artificial (IA) “cambiará el papel de los trabajadores”: serán “un complemento” de los ordenadores y robots en la gestión de equipos, transmisión de mensajes y gestión de las emociones, desempeñando un papel más “humano y asistencial”. Parece claro que las máquinas necesitarán al hombre para ser “inteligentes” y que el trabajador seguirá siendo clave en las empresas, pero en muchos casos su papel cambiará radicalmente y en otros serán suplantados por la Inteligencia Artificial.

Esta nueva tecnología, la IA, ya está revolucionando la gestión de los recursos humanos hoy: el 40% de los responsables de recursos humanos, los que seleccionan y contratan personal, ya conocen y utilizan la IA para el cribado de currículos y la búsqueda de candidatos, según publica el Observatorio de RRHH de Randstad, que refleja que una de las primeras aplicaciones de la IA está siendo identificar el talento y las competencias a la hora de ampliar y definir las plantillas del futuro .¡Qué miedo! 

Parece claro que, a pesar de sus indudables ventajas, la IA va a traer una oleada de despidos en el mundo y en España. Los sindicatos ya lo están asumiendo, en la negociación del último ERE de Telefónica, por ejemplo. Saben que las nuevas tecnologías, acabarán con los trabajadores menos formados y más mayores, cuyo puesto cambiará drásticamente o desaparecerá. Y sólo queda una salida: ayudar a los que se van, con un desempleo que se alargue hasta la jubilación (incluyendo la ampliación del ingreso mínimo vital, como “una red de seguridad” frente a los despidos tecnológicos).  Sólo en otros casos, en algunos puestos y con trabajadores más jóvenes, hay otra salida: el reciclaje y la formación, algo por lo que deben apostar empresas y Gobiernos, según recomienda el estudio del FMI. 

El temor al despido por la IA va paralelo a su implantación, todavía lenta: sólo el 8% de las compañías mundiales utilizan la IA de forma proactiva en el día a día, según un informe de la consultora KPMG. Pero ojo: un 55% de los directivos de las grandes empresas mundiales consideran que la implantación de la IA será crucial para alcanzar sus objetivos en los próximos 3 años. En definitiva, que el proceso de implantación de la IA va a toda velocidad, en paralelo a las múltiples inversiones para poner en marcha nuevas versiones más accesibles y eficaces. Por eso, la IA va a crecer de forma imparable y afectará cada año más al empleo.

En España, tenemos “la ventaja” de que todavía son pocas las empresas que han implantado la IA en su día a día, aunque un 45,5% ya lo utilizan para tareas complementarias, como el análisis de datos, la automatización de procesos productivos o la optimización de tareas administrativas, según el estudio de Randstad. Pero también en España, la IA está “pisando el acelerador” y su uso se ha multiplicado por 5,7 en el 4º trimestre de 2023. Y hasta Microsoft acaba de anunciar que invertirá 1.950 millones de euros en España hasta 2025 para potenciar la Inteligencia Artificial.

El otro temor sobre la IA, su regulación para evitar que crezca de forma descontrolada, sigue ahí. De hecho, en marzo de 2023, más de 1.300 expertos y personajes públicos firmaron esta carta abierta para ralentizar (durante 6 meses) el desarrollo y aplicación de la IA, buscando “controlar los profundos riesgos para la sociedad y la humanidad”. Pero no ha habido ningún parón, sino una aceleración de inversiones y proyectos. Eso sí, a principios de noviembre de 2023, un total de 28 paises (entre ellos EE. UU., China, Europa, Japón, Corea y Brasil) firmaron en Oxford la Declaración de Bletchley para trabajar juntos en que la IA se atenga a “unos mínimos de regulación”. Pero la realidad es que EE. UU. y China mantienen una guerra tecnológica por la IA, sin transparencia ni controles.

Mientras, Europa, que está muy retrasada en cuanto a desarrollos e implantación de la IA, se ha convertido en el continente líder en la regulación, aprobando este miércoles 13 de marzo, en el Parlamento Europeo, la 1ª ley que regula la IA en el mundo, que entrará en vigor en 2026. El Reglamento de la IA, aprobado por los líderes europeos el 8 de diciembre, pretendegarantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente”. Y, sobre todo, asegurar que los sistemas sean supervisados por personas, no por máquinas. Ahora se creará una Oficina Europea de IA para vigilar los distintos riesgos en la aplicación de la IA y la aplicación de la Ley (que no resuelve varios problemas claves) será progresiva, hasta mediados de 2026.

En paralelo, la Comisión Europea quiere que la UE recupere el terreno perdido en la IA frente a EE. UU. Y China, pensando en aprobar (después de las elecciones europeas de junio) un nuevo Plan económico (como el de Recuperación tras la pandemia) para relanzar las inversiones europeas en tecnología, digitalización e Inteligencia Artificial (IA). Entre tanto, en España, que creó en 2022 la 1ª Agencia Nacional de IA (en A Coruña), el Gobierno apuesta por promover la IA dentro del Plan de Recuperación (Componente 16), con una inversión pública de 560 millones de euros que busca movilizar otros 1.500 millones de inversión privada. El Plan pretende atraer inversiones internacionales (como la de Microsoft) y que tiren de la IA las grandes empresas españolas, para llegar luego a las pymes. Un reto, la IA, que debería ayudar a España a mejorar su productividad, inferior a la de la mayoría de Europa.

En resumen, que la Inteligencia Artificial (IA) crece de forma imparable y ya sabemos que, además de mejorar la productividad de empresas y paises, va a provocar la pérdida de millones de empleos, 2 millones de ellos en España. No podemos perder este tren, como perdimos el de las anteriores revoluciones tecnológicas. Pero hemos de prepararnos para ayudar a los que caigan y a salvar a los que puedan reciclarse. No dejar a nadie atrás.

lunes, 11 de marzo de 2024

Vuelve la burbuja de las criptomonedas

En pocas semanas, 400.000 españoles han hecho cola en Centros comerciales para que les escanearan el iris a cambio de unas pocas criptomonedas (80 euros). Coincide con una nueva fiebre por la compra de bitcoins y otras monedas digitales, que cotizan otra vez a precios récords, tras casi 2 años de desplome, al estallar en 2021 la anterior burbuja, donde se perdieron 2 billones de dólares. Pero los inversores, la mayoría jóvenes, no aprenden, y han vuelto a las compras masivas, amparados por los nuevos Fondos en bitcoin y una anunciada reducción de la oferta: son 580 millones de personas las que tienen criptomonedas, 4,7 millones en España. El BCE se lo acaba de repetir: “el valor real del bitcoin es cero”. Es sólo especulación. Pero proliferan plataformas, webs y cajeros de compraventa, mientras Europa ha aprobado un Reglamento sobre criptomonedas que no entra en vigor hasta el 30 de diciembre. Ojo donde mete su dinero: nadie da duros a peseta, por muy digital que sea.

                        Enrique Ortega, a partir de "El cambista y su mujer", de Marinus van Reymerswale   

Los últimos datos señalan que 580 millones de personas en el mundo eran usuarios de criptomonedas en 2023, un +34% que en 2022, según crypto.com. Más de la mitad (296 millones) han operado con Bitcoin, la cripto líder del mercado, y una cuarta parte (124 millones de usuarios) con Ethereum, a las que se suman, muy lejos, otras criptomonedas como Thether USDT, BNB, Solana, XRP, USDC o Cardano, las ocho con más capitalización. En conjunto, las criptomonedas alcanzan una capitalización (valor de mercado al precio actual) que ronda los 2,5 billones de dólares (más que el PIB español), de los que 1,35 billones corresponden al Bitcoin. En España, un 12% de los adultos poseen criptomonedas, unas 4.700.000 personas, según estima el Banco de España. Eso nos coloca como el 5º país europeo con más inversores en criptomonedas, tras Reino Unido, Francia, Alemania y Paises Bajos.

Los criptoactivos son monedas y activos digitales que emplean un cifrado para identificar a su dueño y poder realizar transacciones. Un 20% están respaldadas por activos como el oro, el dólar y otras monedas, pero la mayoría (el 80% del mercado) son criptoactivos sin respaldo detrás de un activo concreto, sobre todo criptomonedas, monedas digitales que no tienen detrás el respaldo de un país y un Banco Central sino que las fabrican y emiten miles de empresas privadas, que controlan también su distribución y mercado. Las criptomonedas se basan en una red mundial de ordenadores descentralizada, unos “mineros” (que generan informáticamente nuevas monedas) y las plataformas de compraventa, que permiten cambiar divisas por criptomonedas, almacenarlas en “billeteros digitales” y comprarlas y venderlas después, con altísimas comisiones.

Se trata de un mercado muy reciente, ya que la primera criptomoneda, el bitcoin, empezó a funcionar en enero de 2009 (ver historia criptomonedas) y a la que han seguido hasta 20.000 criptomonedas, 9.000 de ellas registradas actualmente. Al principio, su valor fue muy escaso, con pocos compradores, lo que hizo que el bitcoin cotizara en 2015 a 327 dólares. A finales de 2016 superó ya los 900 dólares y en 2017 dio el primer gran salto, cotizando a 19.345 dólares en diciembre. Hubo una corrección en 2018 y 2019, seguido de una caída por la pandemia (5.165 dólares en marzo 2020), para iniciar un fuerte repunte en octubre de 2020, que llevó al bitcoin a un primer máximo histórico: cotizó a 64.400 dólares el 12 de noviembre de 2021. A partir de ahí, empezaron las ventas masivas y se desinfló la burbuja, hasta alcanzar un mínimo de 15.409 dólares en diciembre de 2022.

Más de año y medio de caída de cotizaciones (”el invierno de las cripto”), entre mediados de 2022 y principios de 2024, que se llevaron por delante a millones de pequeños inversores, que perdieron más de 2 billones de dólares, y provocaron quiebras y cierres de empresas y plataformas de venta muy conocidas, como FTX, Terra (Luna), Three Arrons Capital, Celsius o Voyager, con historias de emprendedores digitales famosos ante el juez o en la cárcel.

Muchos pensaron que era el final de las criptomonedas, el fin de otra burbuja especulativa más, pero no ha sido así: la fiebre por el bitcoin y las demás cripto ha vuelto en el último mes y con fuerza: el 6 de febrero empezó este último “rally”, pasando el bitcoin de cotizar a 40.064 dólaresun máximo histórico de 68.562 dólares el 4 de marzo, para superarlo y cerrar en otro máximo histórico este viernes: 68.720 dólares (ver gráfico cotización). Y a su vera, se ha disparado también la cotización de otras criptomonedas, incluso las llamadas “memes”, unas criptomonedas con caras de perro o de la rana Pepe (¡ en serio¡) , como Dogecoin (apoyada por Elon Musk: ¡ya vale tanto como Telefónica!), Shiba Inu, Pepe Coín, Dogelon Mars, Samoyed Coín o Mona Coin, que se han revalorizado hasta un 1.000% en el último mes. La fiebre de compra ha vuelto, olvidando la debacle de 2022 y hay millones de inversores que meten dinero cada día en todo lo que huela a “criptomonedas”, por si acaso. Las llaman inversiones FOMO (“Fear of missing out”) :miedo a quedarse fuera”…

Los expertos explican esta nueva “burbuja cripto” por tres causas. La primera, porque los inversores esperan una bajada de tipos de interés (en primavera o verano) y eso les hace buscar otras alternativas de inversión. La segunda causa, clave en la subida de cotización de las cripto estas últimas semanas, es que Estados Unidos aprobó, el 10 de enero, la comercialización de los primeros Fondos (ETF) en bitcoin, lo que permite ahora que muchos inversores “más serios” (Fondos, instituciones, bancos, grandes inversores) se lancen a poner su dinero en Fondos (ETF) que replican a bitcoin, pero que pueden comprar en instituciones “serias” (Fondos, gestoras y bancos de inversión) y operar con ellos sin problemas, sin tener que recurrir a billeteras virtuales y plataformas de bitcoin. Y pagando comisiones mucho más bajas que en las plataformas de criptos.

La autorización de 11 Fondos (ETF) en bitcoin la dio la Comisión del Mercado de Valores USA, la SEC (el equivalente a la CNMV española), que lleva años vigilando y criticando el bitcoin. Y lo hizo por imposición judicial, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Apelación de Columbia contraria a los expedientes de rechazo a la aprobación, tras múltiples litigios legales de poderosos Fondos y bancos de inversión, que querían unirse al negocio cripto. Pero la autorización de la SEC es forzada, como señaló su presidente al aprobar los nuevos Fondos (ETF) de bitcoin: “Hoy hemos aprobado determinados Fondos cotizados sobre el bitcoin al contado, no hemos aprobado ni respaldado al bitcoin. Los inversores deben mantener la cautela ante los innumerables riesgos asociados al bitcoin y a los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas”…

A pesar de esta “advertencia”, los grandes inversores han aprovechado la aprobación de Fondos (ETF) de bitcoin, que suponen un salto cualitativo para las criptomonedas, para entrar a saco en este nuevo mercado, disparando un 35% las cotizaciones del bitcoin ( y las demás cripto, hasta las “memes”…).  La ETF en bitcoin más popular, IBIT, comercializada por Black Rock (la mayor gestora de fondos del mundo) recibió hasta 10.000 millones de inversiones en las primeras 7 semanas, un récord histórico. Y hasta la fecha, los 4 mayores Fondos (ETF) en bitcoin han captado ya cerca de 20.000 millones de dólares.... Una carrera a la que se han apuntado los principales Fondos y bancos de inversión, salvo Vanguard, la 2ª mayor gestora USA, argumentando que “es más especulación que inversión”.

La 3ª causa que ha disparado las cotizaciones de las criptomonedas es el inminente recorte de los bitcoins disponibles, un proceso que se repite cada 4 años para controlar la oferta y mantener los precios. Lo llaman el “halving (“reducir a la mitad”) que consiste en reducir a la mitad la recompensa que los “mineros” (los que generan bitcoin) reciben por validar bloques en el blockclain de bitcoin. Su objetivo es recortar la oferta de bitcoin, que tiene un máximo (hay otras criptomonedas que no, lo que infla su oferta), para estabilizar los precios. Y los inversores saben que las tres ocasiones anteriores en que se ha recortado la oferta (noviembre de 2012, julio de 2016 y mayo de 2020), la cotización se disparó, porque suelen bajar los precios y es un buen momento para comprar y posicionarse a medio plazo. En el último recorte, la cotización saltó de 9.558 (mayo 2020) a 61.283 (marzo 2021). Y ahora, con el recorte que se espera para abril (no hay fecha: entre el 8 y el 22), creen que volverá a subir.

En medio de esta nueva euforia de muchos inversores (pequeños y grandes) por las criptomonedas, que olvida la reciente crisis, los expertos del sector apuestan porque la cotización del bitcoin supere este año los 100.000 dólares y alcance entre120.000 y 150.000 dólares en 2025, al margen de esperadas correcciones. Todo apunta a una nueva “burbuja cripto”, donde los grandes Fondos y bancos de inversión aprovecharán los picos y serán los primeros que abandonen el barco, en perjuicio de los pequeños inversores (muchos jóvenes), que sostienen el tinglado, pagando altas comisiones y perdiendo al final casi todo lo invertido Es lo que pasó en la anterior burbuja cripto y lo que volverá a pasar, porque se trata de un activo especulativo, no apoyado en ningún activo con valor real.

Lo ha dicho bien claro (22 de febrero) el Banco Central Europeo (BCE), al hilo de la fuerte subida del bitcoin: “reiteramos que el valor real del bitcoin es cero”, escribieron en el blog del BCE dos de sus economistas, Ulrich Bindseil y Jürgen Schaaf. Y añadieron: “tras 15 años, el bitcoin ha fracasado en su promesa de ser una moneda global y descentralizada y sus transacciones siguen siendo lentas y costosas, además de haber sido incapaces de combatir su uso por los ciberdelincuentes”. Estiman que el bitcoin se utilizó para blanquear 23.800 millones de dólares en 2023 y para que empresas y particulares pagaran 1.100 millones de dólares en chantajes de ciberdelincuentes (por “ransomware”, secuestro de datos). Los economistas del BCE reiteran que el bitcoin no tiene ningún activo real detrás, contamina el medio ambiente (su “minería” consume mucha electricidad) y su cotización es “un espejismo” que se desplomará a medio plazo, porque su valor real es cero. “Se trata sólo de especulación y habría que tomar medidas drásticas contra su uso”, concluyen.

La Comisión Europea presentó en septiembre de 2020 una primera propuesta para regular este mercado “salvaje” (según otro miembro del BCE), tan peligroso como lo fueron en su día las hipotecas de alto riesgo (las “subprime) que provocaron la crisis financiera de 2008. El Reglamento MiCA, la primera normativa europea para regular la operativa en criptomonedas, lo aprobó el Parlamento Europeo en abril de 2023 y el Consejo Europeo en mayo, publicándose el 9 de junio en el Diario Oficial de la UE. Pero se concede un periodo de adaptación a entidades y paises, con lo que la nueva normativa no entrará en vigor hasta el 30 de diciembre de 2024 (algunos temas, el 30 de junio de 2024).

Mientras, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han lanzado ya dos alertas a los inversores sobre las criptomonedas. En su 2ª alerta conjunta, publicada el 9 de febrero de 2022, ya advirtieron del “elevado riesgo de estas inversiones”, por la extremada volatilidad, complejidad y falta de transparencia. Además, recordaban a los inversores (sin éxito, por lo que se ve) que los criptoactivos “no están regulados, no tienen consideración de medios de pago ni tienen el respaldo de los Bancos Centrales ni están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos e Inversiones”. Y, tras insistir que son “instrumentos complejos, no adecuados para pequeños inversores”, alertaban que “son muy especulativos y se puede perder todo lo invertido”. Por si fuera poco, ambos organismos reiteraban que es un mercado con poca transparencia en la formación de precios, con poca liquidez (hay dificultades para venderlos) con muchos problemas para reclamar a plataformas que están en el extranjero, sin control.

En paralelo a estas “advertencias”, la CNMV ha regulado la publicidad de las criptomonedas, supervisando miles de webs, plataformas e influencers, lo que llevó a dar un “toque de atención” (en 2021) al futbolista Andrés Iniesta, por anunciar en sus redes sociales (38 millones de seguidores en Instagram) la plataforma de criptomonedas Binance. Y el Banco de España creó, en octubre de 2021, el primer registro obligatorio para las empresas que ofrezcan criptoactivos en España: hay registradas 89 empresas (36 en 2023), aunque el propio Banco de España reconoce que eso no significa que supervise su actividad: sólo podrá hacerlo a partir de 2025, cuando entre en vigor el Reglamento MiCA europeo.

A pesar de tantas advertencias, los inversores españoles siguen lanzados a operar con bitcoins y otras criptomonedas, sobre todo los más jóvenes. Un ejemplo reciente refleja esta “fiebre cripto” : unos 400.000 españoles (ojo: casi el 1% de la población), la mayoría jóvenes, han hecho cola en las últimas semanas en los stands de la empresa de Inteligencia Artificial de ChatGPT (Open AI) para que les escanearan el iris y les pagaran la información con 13 criptomonedas de WordCoin (80 euros), la nueva cripto creada por Sam Altman, el padre de Chat GPT. Con ello, la empresa mata dos pájaros de un tiro: consigue datos biométricos claves y a cambio relanzan una nueva moneda, cuya cotización se ha disparado un 35% tras esta operación que han realizado también en otros 36 paises, desde EE. UU. a Japón y desde Noruega o Turquía a Sudáfrica.

Al final, el pasado 6 de marzo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) prohibió a Worlcoin seguir recogiendo datos del iris durante 3 meses ni utilizarlos, mientras va a investigar su operativa la Agencia de Datos europea. Pero el caso revela que el mundo cripto moviliza a los jóvenes, sea para lo que sea y aunque hayan tenido que hacer luego nuevas colas para cambiar estos criptos en cajeros,  que les han cobrado hasta el 25% de comisión…

Parece increíble, pero estamos ante una nueva burbuja cripto, con muchos inversores pequeños y jóvenes lanzados a este mercado como si fuera un casino, a pesar de las reiteradas advertencias del BCE, Banco de España, CNMV y múltiples expertos: ”es una estafa piramidal posmoderna” (Nobel P. Krugman), “es una herramienta de lavado de dinero y evasión fiscal“ (Nobel J. Stiglitz), “es como ir al casino” (Warren Buffet, uno de los mayores inversores del mundo). Y frente a un “lobby” poderoso de la industria cripto, que consigue enormes fortunas a base de comisiones y compraventas especulativas y opacas, a costa de sus clientes más vulnerables, que son los que se arruinan. Urge parar esta especulación, con normas, supervisión, multas y cárcel. Y quien piense entrar en este mundo cripto, recuerde: nadie da duros a peseta, por muy digital que sea.

jueves, 7 de marzo de 2024

8-M: récord de mujeres trabajando

Mañana se celebra el 8-M y hablarán de la discriminación que las mujeres sufren todo el año. Hay avances: un récord histórico de mujeres trabajando (9,92 millones) y la brecha salarial con los hombres baja al -18,6%, la menor en 15 años. Pero sigue la discriminación: menos mujeres activas, menos trabajando (-1,4 millones que hombres), con peores contratos, puestos y sueldos (-4.341 euros de media), más paro, menos desempleo (cobran -16,28%), pensiones más bajas (-45% de jubilación) y sufren más la falta de ayudas a la Dependencia. La principal causa de su discriminación es que las mujeres cargan con “los cuidados” (hijos y dependientes), descuidando su profesión. Por eso, necesitamos enseñanza gratuita de 0 a 3 años y reforzar la Dependencia, para liberarlas. También aplicar Planes de igualdad en las empresas (2 de cada 3 no tienen). Y que los hombres ayuden en casa. Urge un Pacto nacional por la igualdad, desde la escuela al trabajo y los hogares, para mejorar la difícil situación de media España.

                    Enrique Ortega

Lo primero que choca es que la población femenina ha aumentado más que la masculina en España, según el Censo del INE, tanto en los últimos 5 años (+973.195 mujeres frente a +790.763 hombres, entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2024) como en los últimos 16 años (+1.797.909 mujeres frente a +1.216.062 hombres entre 2008 y 2024). Pero ojo, al mirar la cifra de habitantes con más detalle, se ve que la cifra de mujeres nacidas en España ha bajado (-16.610 mujeres entre 2008 y 2024, frente a +44.287 hombres) y que si hay más mujeres censadas en España hoy es porque han venido muchas mujeres nacidas en el extranjero (hay +1.724.519 que en 2008, según el INE), sobre todo latinoamericanas, marroquíes y rumanas. Así resulta que, de las 24.875.363 mujeres censadas el 1 de enero en España, 4.528.894 nacieron en el extranjero (el 18,2%). 

A partir de aquí, de las mujeres que viven en España, analicemos su situación. La primera discriminación es que hay muchas más mujeres inactivas, que no buscan trabajo y se quedan en casa. De los 40.818.900 españoles en edad de trabajar (más de 16 años), a finales de 2023 (EPA),  20.996.800 son mujeres y 19.822.100 hombres. Pero casi la mitad de esas mujeres potencialmente activas decidieron quedarse en casa (9.543.400 mujeres “inactivas”, el 45,5%), frente a menos hombres (7.198.100 “inactivos”, el 36,3%). Y cuando se busca la causa, el 20% de mujeres inactivas lo justifica en que atienden a menores y dependientes (de 25 a 49 años suben al 29,4%), frente al 4,9% de hombres que lo aducen. En otros casos, las mujeres no buscan trabajo porque tienen menos formación, piensan que no lo encontrarán o porque han decidido “dedicarse a su hogar”.

Lo positivo es que ,en los últimos años, muchas mujeres se han lanzado al mercado laboral, para aportar ingresos al hogar (muchas de ellas, inmigrantes). Y así las mujeres activas, que trabajan o buscan empleo, aumentaron en +609.300 entre 2019 y 2023, mientras los hombres activos sólo crecieron en +309.400. Las que más se han lanzado a buscar trabajo son las mujeres mayores de 45 años, sobre todo entre 55 y 64 años (casi +500.000 activas), que buscan trabajo como cuidadoras o empleadas de hogar y en el comercio, la hostelería y la limpieza. Pero, aunque hay más mujeres en edad de trabajar, sólo hay 11.453.400 mujeres activas (trabajan o buscan trabajo) frente a 12.624.100 hombres, según la EPA.

La segunda gran discriminación es que estas mujeres activas encuentran menos empleo que los hombres. Los datos educativos revelan que las mujeres acaban más formadas que los hombres, pero encuentran más dificultades para acceder al primer empleo: hay menos chicas que chicos trabajando entre los 16 y los 24 años. Un factor importante es que los roles de género llevan a que las niñas y adolescentes opten más por estudios y carreras de humanidades frente a las de ciencias, que son “más de chicos”. Un estudio reciente revela que la segregación se da tanto en FP (sólo un 7% de chicas se gradúan en titulaciones técnicas frente al 52% de chicos) como en la Universidad (sólo hay un 14% de mujeres en Informática, un 27% en carreras técnicas y un 37% en matemáticas y estadísticas), lo que reduce su empleabilidad. Además, también cuenta la discriminación en las pruebas de selección, en las prácticas y becas y en “la cultura” de muchas empresas, que en igualdad de condicionesprefieren contratar a un hombre que a una mujer”.

Al final, el resultado es que hay 1,4 millones de mujeres menos trabajando que hombres (aunque insisto, son más en edad de trabajar). A finales de 2023, había en España 21.246.900 personas ocupadas, 11.323.500 hombres (el 53,9%) y 9.923.400 mujeres. Un dato que refleja la discriminación laboral de la mujer, aunque también llama a la esperanza, porque las mujeres han conseguido una mayor parte de los nuevos empleos creados en España en 2023 (+437.200 de los 783.000 creados)  y entre 2019 y 2023 (+765.100 empleos, un 63,3% de los 1.208.500 creados en total). Con ello, el empleo femenino bate un récord histórico en España: nunca ha habido tantas mujeres trabajando (9.923.400 en diciembre de 2023) y son 1,2 millones más del anterior récord de empleo femenino (8.714.900 mujeres ocupadas en septiembre de 2008). Mientras, los hombres, aunque les ganan en empleos (11.323.500), todavía trabajan menos que en septiembre de 2007 (récord empleo masculino: 12.175.900). En 2024 se espera que trabajen en España más de 10 millones de mujeres, superando un listón impensable, aunque seguirá la discriminación mientras trabajen más hombres.

La tercera gran discriminación es que las mujeres tienen peores contratos, puestos de trabajo y categorías que los hombres. La reforma laboral (que entró en vigor el 31 de marzo de 2022) ha beneficiado a todos los trabajadores, reduciendo los contratos temporales y la precariedad, pero más a los hombres que a las mujeres, según los datos de la EPA. Así, el porcentaje de asalariados con contrato temporal ha bajado entre los hombres del 24,93% en 2019 al 14,2% a finales de 2023 (-10,73%) y del 27,37% al 18,9% entre las mujeres (-8,47%). Eso se debe, sobre todo, a que la mayor tasa de temporalidad se da en el sector público, donde hay más porcentaje de mujeres, sobre todo en sanidad y educación.

Con todo, el dato clave para explicar gran parte de la discriminación laboral de la mujer es que siguen aumentando los contratos a tiempo parcial (por horas o días): se hicieron +87.600 nuevos en 2023, +75.400 de ellos a mujeres. Eso refleja lo que pasa: las mujeres encuentran más trabajo que antes, pero la mayoría es a tiempo parcial. De hecho, de las 2.869.300 personas ocupadas a tiempo parcial, el 74% son mujeres (2.121.000). Y ojo, no es porque lo quieran así: la mitad de ellas dicen que es porque no encontraron un trabajo a jornada completa y de la otra mitad, solo un 10% eligió esa jornada, el 40% restante lo hace para cuidar a hijos y mayores dependientes.

Además de tener peores contratos, las mujeres se concentran en sectores con trabajos peor pagados y en categorías laborales más bajas, al margen de su formación. Unos ejemplos del INE: encargados (7,6% de los hombres y 4,7% de las mujeres), mandos intermedios (7,8% frente a 6,7%), directores de pequeña empresa o sucursal (8,3% frente a 4,9%). Además, el INE indica que sólo había un 34,8% de mujeres en cargos directivos (directoras o gerentes) de empresas en 2023. Y en los Consejos de Administración de las empresas del IBEX sólo hay un 37,3% de mujeres consejeras, un 20% en cargos ejecutivos, un 26% en la alta dirección y sólo un 11,8 % son presidentas.

Todas estas discriminaciones laborales, en los contratos, puestos de trabajo y categorías, se traducen en una 4ª discriminación, la más visible: las mujeres ganan menos que los hombres. Hay dos maneras de medir esta “brecha salarial”, las dos con datos del INE: una, el sueldo principal que refleja la EPA (último dato 2002) y la otra, la Encuesta de Estructura Salarial (último dato 2021). Según la primera estadística, el sueldo medio de los hombres fue de 27.642 euros brutos en 2022 y el de las mujeres 23.301 euros, 4.341 euros menos. Es una “brecha salarial” (lo que debería subir el sueldo de la mujer para equipararse) del -18,63%, alta, pero la menor en los últimos 15 años en España, según CCOO, que recuerda que ha bajado del -31,4% máximo en 2014 al -22,6% en 2019 y al -20,9% en 2021. Si nos atenemos a la estadística de salarios, en 2021, el salario medio bruto de los hombres era de 28.388 euros frente a 23.175 euros las mujeres, 5.213 euros menos,  una “brecha” del -22,5% según CCOO (no el 18,4% que dice el INE), porque es el porcentaje que tendría que subir el sueldo de la mujer para equipararse al hombre. Y esa brecha, medida con esta otra estadística, también ha mejorado y es la menor desde 2008 (-28%).

¿Por qué ganan menos las mujeres? Un informe de CCOO responde que el 70% de esta discriminación salarial se debe a que tienen un exceso de contratos a tiempo parcial (el 74% del total), contratos por horas o días en los que ganan menos de la mitad de lo que ganarían con un contrato a jornada completa (11.650 euros frente a 28.185, según el INE). Según el sindicato, si las mujeres tuvieran el mismo porcentaje que los hombres de trabajo a jornada completa, la brecha salarial bajaría del -18,6 al -5,7%, a menos de la tercera parte.

 Y otro factor que, según CCOO, pesa muy negativamente es que las mujeres cobran muchos menos complementos que los hombres y eso aumenta la brecha salarial final, que no es tan grande en el salario base. Así, las mujeres no suelen cobrar complementos como los que se abonan por esfuerzo físico, penosidad, nocturnidad o disponibilidad horarias, que suelen estar “masculinizados”. También cobran menos complemento por antigüedad, dado que la maternidad acorta sus carreras profesionales. Y en paralelo, como tienen menos puestos directivos, cobran también menos pluses y bonus discrecionales ligados a tareas directivas.

Hay otro factor más que explica los menores salarios de las mujeres: los sectores en los que trabajan mayoritariamente, que tienen sueldos más bajos. Así, el 42% de las mujeres asalariadas se concentran en 7 sectores que pagan un salario por debajo de la media (2.128 euros mensuales en 2022, según la EPA): empleo doméstico (cobran 981 euros brutos de media), hostelería (1.390 euros), agricultura, ganadería y pesca (1.477), actividades administrativas y auxiliares (1.567), actividades artísticas y recreativas (1.598), otros servicios, entre ellos los cuidados (1.599 euros) y comercio (1.771 euros).

Y llegamos a la 5ª gran discriminación: hay más mujeres que hombres en paro, debido a que aumentan las que buscan trabajo y la mayoría de empleos se los llevan los hombres. A finales de 2023, en España había 2.830.600 parados (EPA), de los que 1.530.000 eran mujeres (13,3% de tasa de paro) y 1.300.600 eran hombres (10,30% de tasa de paro sobre activos). Y se ha reducido menos el paro entre las mujeres que entre los hombres, tanto en 2023 (-93.000 frente a -100.400) como respecto a 2019, antes de la pandemia (-128.800 frente a -205.500 que redujeron el paro los hombres). La mayor parte del paro femenino se concentra en mujeres que trabajaban en la hostelería (144.600), el comercio (116.000), sanidad y servicios sociales (66.200), administrativas y servicios auxiliares (61.600), la educación (52.800) y la Administración Pública (-51.400), aunque la mayoría son paradas que perdieron su empleo hace más de 1 año (620.500).

Y estas mujeres paradas sufren la 6ª gran discriminación: el seguro de desempleo les cubre menos (porque muchas, por los cuidados, han interrumpido su cotización o no han cotizado) y les paga un subsidio menor. En 2023, había 983.997 mujeres beneficiarias del desempleo (sólo 408.000 con prestación contributiva, según lo cotizado y 574.729 con prestación asistencial), frente a 790.537 beneficiarios hombres (391.823 con prestación contributiva y 398.874 asistencial), según el SEPE. Pero como hay más mujeres paradas que hombres, la tasa de cobertura de las mujeres (el porcentaje que reciben alguna ayuda) fue del 63,3% de media frente al 75,7% los hombres. Y además de estar menos cubiertas, cobraron menos de subsidio contributivo (el asistencial son 480 euros mensuales, iguales para todos):  888 euros de media mensual las mujeres frente a 1.032.6 los hombres. Otra “brecha”, en el cobro del desempleo, del -16,28% (-20,29% para paradas de 50 años a 60 años y -23,20% para paradas mayores de 60 años), según los datos del SEPE.

Como las mujeres trabajan menos, ganan menos e interrumpen sus carreras de cotización o cotizan menos años (por los cuidados), también tienen pensiones más bajas que los hombres, la 7ª mayor discriminación de la mujer: la pensión media de las mujeres, el 1 de febrero de 2024, era de 1.020,93 euros, frente a 1.506,02 los hombres, según la SS, una “brecha” en todas las pensiones del -47,51%. Y en el caso de las pensiones de jubilación (que cobran 2.639.170 mujeres, frente a 3.811.619 hombres), la diferencia es también enorme: 1.132,89 euros de jubilación cobran de media las mujeres frente a 1.647,8 euros los hombres, otra “brecha” del -45,45%. La mayor brecha, fruto de las brechas de una vida…

Y queda otra discriminación más, la 8ª: la discriminación en la Dependencia, debido a que las mujeres viven más que los hombres (85,8 años de media frente a 80,3) y por tanto tienen más riesgo de necesitar ayuda y ser dependientes al final de su vida. De hecho, casi 2 de cada 3 dependientes con más de 80 años son mujeres (el 63,11%). Y por eso sufren más los problemas de retrasos en las ayudas (hay 158.198 dependientes reconocidos “en lista de espera” para recibir las ayudas, lo que provoca que 70 dependientes mayores mueran cada día sin recibirlas, 44 de ellos mujeres) y de falta de medios y atención, desde la ayuda a domicilio a la teleasistencia y la falta de residencias.

Por si fueran pocas estas discriminaciones laborales, las mujeres sufren también otra discriminación en su propia casa, porque cargan con la mayor parte de las tareas del hogar y de los cuidados de hijos y padres, complicando más su vida laboral. De hecho, el 45,86% de las mujeres cargan con la mayor parte de las tareas del hogar, algo que sólo hacen el 14,92% de los hombres. Y otro 34,96% de mujeres realizan una parte importante, aunque compartida. Eso supone que el 80,82% de las mujeres cargan con las principales tareas del hogar, frente al 48,61% de los hombres. Y un 51,37% de los hombres  (casi 10 millones) confiesan que hacen poco o nada, según la última Encuesta del INE (2021). Un 40,2% de las mujeres se ocupan mayoritariamente del cuidado de los niños, frente al 4,8% de los hombres. Y un 48,3% se encargan mayoritariamente del cuidado de los mayores, frente al 20,5% de los hombres.

En resumen, que aunque su ocupación mejora y baja la brecha salarial con los hombres, la situación de las mujeres en 2024 sigue siendo muy preocupante. Para CCOO, el problema de fondo es que hemos relegado a la mujer a los cuidados (de niños y padres o familiares dependientes) y con eso la hemos condenado a interrumpir su carrera laboral y tener más problemas para optar a mejores puestos, fomentando el trabajo a tiempo parcial y los bajos salarios. Se ha avanzado con la reforma laboral y las subidas del salario mínimo (que favorecen más a las mujeres), pero las desigualdades siguen ahí, de fondo, porque las mujeres siguen “atadas” a los cuidados. Por eso, muchos expertos apuestan por tomar 2 medidas claves para “liberarlas en parte”: aprobar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años (pendiente Presupuestos 2024) y mejorar la atención a la Dependencia, para que haya más ayudas y recursos, más atención pública a los dependientes en el hogar, en centros de día y en residencias.

En paralelo, los sindicatos se quejan de que las empresas, sobre todo las pymes, no se han tomado en serio los decretos que obligan a llevar un registro de salarios (obligatorio) y a aprobar Planes de igualdad, que son obligatorios en las empresas de más de 50 trabajadores desde el 8 de marzo de 2022. Han pasado 2 años y CCOO estima que no existen estos Planes en el 66% de las empresas. Y tampoco el sector público, desde los Ayuntamientos a las autonomías, Ministerios y empresas públicas, está dado ejemplo. Y falta una política de racionalización de horarios, desde las empresas a los restaurantes, locales de ocio y TV, que permita a las mujeres conciliar su trabajo con su familia. Y queda la gran asignatura pendiente, el reparto de tareas en el hogar, donde los hombres tienen que hacer mucho más (no sólo “ayudar”…) Y también los chicos adolescentes.

Al final, cada año pasa lo mismo con el 8-M: se habla mucho de la discriminación de la mujer, pero se avanza poco, poniendo parches a un problema muy complejo, como pasa también con la Crisis Climática. Y a este paso, la igualdad de la mujer tardará 135 años, según el Foro de Davos. Urge pactar acuerdos legislativos, económicos, laborales, educativos, sociales y familiares, para afrontar uno de los grandes retos de este siglo, al margen de las ideologías: lograr la igualdad para media España. Ganaríamos todos.