Ahora que parece que cada país y cada continente se cierran
sobre sí mismos, es el momento de coordinar esfuerzos, de aunar
fuerzas y reforzar las instituciones internacionales, para reducir el
hambre, la pobreza y la desigualdad entre paises. Hasta ahora habíamos reducido
la brecha entre ricos y pobres, pero ahora hay más desigualdad global.
Hay que atajarla entre todos.
Economía a lo claro
Información y comentarios para entender la economía nuestra de cada día
jueves, 25 de abril de 2024
Crece la "brecha" entre paises ricos y pobres
La gente no quiere leer sobre la pobreza (“no
vende”). Por eso, los medios han escondido esta reciente noticia: la
“brecha” entre los paises ricos y pobres se ha agrandado entre 2020 y 2024,
por primera vez en este siglo, según el Banco Mundial, por la pandemia,
la inflación, los conflictos y la subida de tipos. En paralelo, el Banco
Mundial lanza otra alerta: será “poco probable” cumplir
con el objetivo de acabar con la pobreza para 2030: los 700 millones
de pobres actuales sólo bajaran a 600 millones. Pero creen que todavía se
puede “cambiar el rumbo” y reducir la pobreza de los 75 paises más
afectados (la mitad en África y el resto en Asia y América). Por un lado, estos
paises tienen que reformar drásticamente sus economías, como hicieron
China, India o Corea (antes pobres). Pero es clave la ayuda del resto,
con inversiones y préstamos, ayudándoles a reestructurar su deuda y a afrontar
el cambio climático. No miremos para otro lado.
La cuarta parte de la humanidad (1.900 millones de
personas) vive en 75 paises pobres, cuya situación económica y
financiera es tan precaria que son los únicos paises del mundo que reciben
subvenciones y préstamos a bajo interés del Banco Mundial (BM). Son los
llamados “paises AFI” (porque reciben esa ayuda financiera de la Asociación Financiera
Internacional (BM). Más de la mitad de estos 75 paises AFI, los más
pobres, se encuentran en el África subsahariana (39 paises),
otros 14 paises se encuentra en Asia oriental (principalmente pequeños
estados insulares, otros 8 son paises de América Latina y el Caribe
(Nicaragua, Honduras, Haití, Guyana y varios estados insulares) y el resto son
pequeños paises de Asia central y meridional y de Oriente Medio (ver listado).
Los datos
que aporta este Informe son muy preocupantes. Uno de cada tres paises
AFI (o sea, 25 paises) es más pobre hoy que en 2019, antes de la
COVID. La tasa de pobreza extrema es más de 8 veces superior a la media del
resto del mundo: 1 de cada 4 personas de los paises AIF (475 millones de
habitantes) sobreviven con menos de 2,15 dólares al día (2 euros). Y en
31 paises AFI, los ingresos per cápita son menores a 1.315 dólares anuales
(3,60 dólares diarios, 3,38 euros al día). Además, el 92% de las
personas que padecen hambre o malnutrición viven en esos paises. Y la
mitad de estos paises pobres se encuentran en situación de sobreendeudamiento o en
grave riesgo de padecerlo, un pesado lastre para su futuro.
Este débil crecimiento y los problemas económicos y
geopolíticos de los últimos años han acrecentado
las debilidades que estos paises pobres ya tenían antes , lastrando
su desarrollo económico, social y político. Además, estos países son los que
más han sufrido (y sufrirán) las consecuencias negativas del cambio
climático: en la última década, los daños por fenómenos climáticos en
infraestructuras y cosechas se han duplicado. Y tampoco les ayuda el aumento
de la violencia y los conflictos, en sus paises o en la región: 33 de
los 75 paises AFI son Estados afectados por conflictos bélicos, políticos o
sociales. Por todo ello, el Banco
Mundial titula
su informe como “La Gran Regresión” y teme que los años 20 de
este siglo sean “una década perdida para el desarrollo”.
El problema además es que estos paises pobres se han
estancado unos años en que lo han hecho también todas las economías
: el crecimiento de la economía mundial bajó del 6,2% en 2021 al 3% en
2022, el 2,6% en 2023 y un 2,3% esperado para 2024, lo que supone el menor
crecimiento de la economía mundial en las últimas 3 décadas, según
el informe de enero del Banco Mundial . Eso provoca que los paises ricos
y en desarrollo tengan menos potencial para ayudar a los paises pobres, por
varias vías, entre ellas las inversiones y préstamos, que se han
frenado. Y con la crisis, todos han reducido su ayuda al desarrollo y los
proyectos de cooperación, lo que dificulta la lucha contra el hambre.
Analicemos más en detalle la deuda y el hambre en los paises pobres.
La abultada deuda externa es uno de los problemas
estructurales de los paises pobres, que se agrava con la subida de tipos y con
la reducción de inversiones y préstamos de los paises ricos. De hecho, la
deuda de los 75 paises más pobres ha crecido en los últimos años,
mientras la reducían las economías avanzadas, que se han ”desendeudado”. Así, el
país más endeudado del mundo es Sudán, con una deuda que supone el
280% de su PIB, muy por delante de la de Japón (254%), Italia (159%), Grecia
(158%), EE. UU. (123%), Maldivas (121%), Cabo Verde (112%), Francia (111%), Barbados (107%),
Bélgica (105%), Reino Unido (104%) o España (106%), según el Banco Mundial. Y
después les siguen en el ranking de más endeudados República Dominicana
(98,7%), Egipto (96,4%), Bolivia (86,7%), El Salvador
(84,4%), Gabón (73% PIB) y Angola (70,3%).
El otro problema estructural es el hambre, una
epidemia en los 75 paises AIF, que apenas se ha reducido en los últimos años,
por la menor renta per cápita. En todo el mundo hay 700 millones de personas
en situación de pobreza extrema, viviendo con menos de 2,15 dólares al día
(2 euros), según el último
dato del Banco Mundial. El 60% de estas personas en pobreza extrema
(pasando hambre) están en África subsahariana y más de la mitad son niños.
Lo que ha pasado es que, entre 2020 y 2023 se han frenado los avances en la
lucha contra la pobreza extrema y el hambre, por primera vez en décadas, y hay
122 millones de hambrientos más que en 2019. El Banco
Mundial lanzó en octubre otra alerta: es “poco
probable” que en 2030 se cumpla el Objetivo de Desarrollo y se suprima
el hambre en el mundo. Habrá
600 millones en pobreza extrema en 2030.
A pesar de este negro panorama, el informe del Banco
Mundial dice textualmente que “todavía se puede cambiar el rumbo”.
Por dos vías. Una, con cambios drásticos en los paises pobres,
que tienen un gran potencial: mucha población joven, numerosos
recursos naturales y minería y un tremendo potencial energético (energía solar,
eólica e hidráulica). Eso sí, necesitan mejorar la educación, la sanidad y las
infraestructuras para aprovechar este potencial. Pero pueden hacerlo. Y el
Banco Mundial pone el ejemplo de China, India y Corea, tres
paises que en su día fueron pobres y ahora son economías fuertes. Pero para
conseguirlo, necesitan una reforma a fondo de su política fiscal y
monetaria, aprovechar las oportunidades comerciales, luchar contra la
corrupción y mejorar sus estructuras políticas y sociales. Pero para todo
ello, hay que avanzar en otra vía, la ayuda de los paises
desarrollados.
Los paises ricos y en desarrollo necesitan
comprometerse con los países pobres con inversiones, préstamos y asesoramiento.
En los últimos años, tras la pandemia, la mayoría de los paises ricos y en
desarrollo se han replegado del Tercer Mundo, recortando
inversiones, préstamos y compras. A principios de abril, el
subsecretario del Tesoro USA expresó su preocupación porque los acreedores
privados y públicos se hayan alejado de los paises AIF (pobres), advirtiendo
a China y a otros acreedores emergentes que “no pueden reducir sus
préstamos a paises pobres justo cuando el FMI, el BM y otros bancos
multilaterales están inyectando más fondos”. Es hora de renegociar la
deuda (tipos y plazos), prestar más y destinar más inversiones a
proyectos en paises pobres. Y sobre todo, ayudarles a invertir en energías
limpias porque ellos solos no pueden hacerlo: crear
ese Fondo de 100.000 millones de dólares del que se habla en cada Cumbre
del clima.
“El mundo no puede permitirse dar la espalda a los
paises AIF”, dijo
la semana pasada en Washington el economista jefe y vicepresidente del
Banco Mundial, Indermit Gill. Y no sólo por humanidad y por justicia,
también por “egoísmo económico”: “La historia deja claro que cerrar las
brechas de renta y desarrollo entre las naciones más pobres y las más ricas
beneficia a todas las economías”, señala
el Banco Mundial. Porque si estos 75 paises más pobres mejoran y se
reduce la brecha con los ricos, todos saldremos ganando en
crecimiento, comercio, inversiones, empleo, con menos guerras, tensiones y
conflictos.
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lunes, 22 de abril de 2024
Se dispara el seguro del coche
Si ha renovado su seguro de automóvil en los últimos
meses, habrá visto que la cuota se ha disparado, con una subida media del
25% anual. Y si le toca renovarlo próximamente, sepa que continuará la subida,
del 15 al 20% en 2024. Las aseguradoras lo justifican en que
ahora hay más movilidad y más siniestros, más vehículos y que ha subido mucho
el coste de las reparaciones y de las indemnizaciones. Además, un 9% de
los asegurados defraudan y lo pagamos el resto. Ahora, las aseguradoras
han cambiado de estrategia y ya no se enfangan en una “guerra de precios”,
como en 2021 y 2022, sino que vigilan mucho más sus cuentas y costes, tratando
de “quitarse” (con mayores subidas) a los clientes que no les
interesan por su mayor siniestralidad : jóvenes y moteros. Es hora
de que también los clientes analicemos el seguro de coche y moto que
tenemos, para no pagar coberturas de más que no usamos. Y para estar
bien cubiertos. Enrique Ortega
El seguro del automóvil es el seguro más contratado, dado que es obligatorio: había 33.404.417 vehículos asegurados al cierre de 2023, casi medio millón más que un año antes (+1,51%), según el fichero FIVA. Con ello, se estima que un 79% de los hogares españoles tienen una póliza de seguro de vehículos, por la que las aseguradoras ingresaron 12.108 millones de euros en 2023, un 6,63% más que en 2022, según UNESPA. Así, la recaudación por el seguro de automóvil recupera el bache de la pandemia y las compañías ingresan un 7,1% más que en 2019 (11.307 millones). Y la prima media se sitúa en 362 euros por asegurado, aunque la mayoría paguemos mucho más.
Lo más llamativo del seguro de automóviles es que ha
disparado sus precios, sobre todo en 2023, no sólo para las nuevas pólizas
sino para la revisión de las antiguas. La prima media del seguro
del coche subió un +25% en 2023, según
el portal Kelisto.com: pasó de 627 a 785 euros (+158 euros en un año),
siendo marzo y agosto los meses de mayores subidas. El mayor aumento de primas
se ha dado en las pólizas a todo riesgo, que subieron un +41,7%% (de
1.697 a 2.405 euros de media). Las pólizas a terceros ampliadas subieron un +15%
(de 440 a 506 euros) y las pólizas a terceros subieron otro +14,4% (de
361 a 413 euros), según el sondeo de Kelisto.com.
Los datos del INE dan una subida mucho menor en el
seguro del automóvil: +6,5% anual en marzo de 2024 (último IPC publicado),
aunque es el doble de la subida global de los precios (+3,2% anual). Pero es una
subida del seguro que casi triplica la que reportaba el INE en marzo
de 2022 (+2,5% anual) y muy superior a las de los años anteriores (en
2021, tras la pandemia, el INE (IPC) señalaba que los seguros del automóvil bajaron
un -1,3%, tras una mínima subida del +1,7% en 2022).
Sea la subida del +25% ( Kelisto.com) o del 6,5% (INE),
lo que está claro es que el precio de los seguros sube mucho más que la
inflación y que nuestros sueldos o pensiones. Las aseguradoras no dan
cifras de subidas, pero las
justifican con varias causas. La primera, que hay más coches
circulando y que ha aumentado la movilidad de esos
vehículos tras la pandemia, aumentando los desplazamientos y los siniestros.
La segunda, que han aumentado mucho los costes de las reparaciones en
los talleres, tanto por el encarecimiento de los recambios como por el mayor
coste de la mano de obra y la energía. Y también se han encarecido los baremos
de los hospitales e indemnizaciones. Y alegan un tercer factor, del que
se habla poco: el aumento del fraude en los seguros de automóviles.
El dato del fraude en el seguro del automóvil es
impactante: en el 9% de los partes hay un intento de fraude, según
el VII Barómetro del Fraude en Seguros de Auto y Hogar, elaborado por la
aseguradora Linea Directa con datos de partes de 2022 y 2023. Ese estudio
revela un tremendo aumento del fraude en el seguro del automóvil, ya que ese 9%
multiplica por 5 el fraude estimado en 2009. El perfil del
defraudador, según el estudio es un hombre, de menos de 30 años,
desempleado o con trabajo precario, aunque en los últimos dos años han
aumentado los defraudadores de más de 40 años que buscan “ingresos extras”. Las
estafas más corrientes, que ahora se detectan mejor
gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA) son tratar de incluir
daños antiguos en los partes, lesiones falsas y acuerdos entre conductores para
dar partes, a veces por medio de “mafias organizadas”. Aunque el
importe medio de la estafa detectada ha bajado (de 1.300 euros por siniestro
en 2017 a 790 euros en 2023), las aseguradoras reconocen que este creciente fraude
lo
acabamos pagando el resto de los asegurados, encareciendo nuestra
prima para compensarlo.
Así que, ante este panorama, las aseguradoras de vehículos
han tomado dos caminos. Por un lado, repercutir el aumento de costes
en las primas, para tratar de que les salgan las cuentas, olvidándose
de la “guerra de precios” que protagonizaron entre 2020 y 2022. Ya no se
trata de coger clientes a cualquier precio, sino de pensar en la cuenta de
resultados. Y por eso, la mayoría siguen el otro camino: “filtran”
clientes, subiendo más la prima a los clientes que no les interesa, los
que no les salen rentables, por su potencial de alta siniestralidad : conductores
jóvenes y moteros (donde se han concentrado los accidentes).
Y ahora, la mayoría avanza por estos dos caminos (subir
tarifas y “filtrar” a los clientes más costosos), lo que pueden hacer más
fácilmente porque el seguro del automóvil es un sector muy concentrado,
donde las 5 grandes aseguradoras controlan dos tercios de las pólizas.
El
ranking de 2023 lo encabeza Mapfre, con 2.318 millones en primas
(19,14% de cuota), seguida muy de cerca de Mutua Madrileña, con 2.018
millones en primas (16,67% de cuota), la aseguradora del automóvil que
más crece (+11,68% en 2023). El tercer puesto lo ocupa Allianz, con
1.450 millones en primas (11,98% cuota), seguida de Generali más Liberty,
con 1.097 millones facturados (9,06%) y Grupo Axa, con 1.012 millones en
primas (8,35%). En 6º lugar del ranking figura Linea Directa (6,54% cuota),
seguida de GCO (5,70%), Reale (5,01%), Zúrich (3,31%) y Grupo Helvetia (2,84%).
En este año 2024 han seguido las subidas del seguro
de automóviles. En enero, Kelisto.com detectó una
subida del +26% anual en estos seguros. Y a finales de marzo, la
subida media de las nuevas pólizas era del +14%, según
el comparador Avant2 Sales Manager: +19,4% para los seguros todo riesgo,
+3,2% para los todo riesgo con franquicia y +14,65% para los seguros a
terceros. Y los expertos creen que los que renovamos el seguro este año
tendremos una
subida media del +15 al +20%,
que se suma a la fuerte subida de 2023. Eso sí, como la mayoría de compañías
no informen con antelación de la subida de su póliza, conviene que los
asegurados estén atentos a la fecha en que les sube la prima, porque si
piensan en darse de baja y cambiar de seguro, han de comunicárselo a su seguro
con un mes
de anticipación y por escrito (carta o burofax).
Por eso, quizás sea el momento de buscar el último recibo,
ver cuando se va a revisar la prima y decidir
si se renueva o no y en qué condiciones. Porque la mayoría no conocemos el
alcance y las coberturas del seguro de automóvil que tenemos, donde en
muchos casos pagamos de más por coberturas que no usamos. Así, por
ejemplo, un coche viejo o un conductor joven no deberían contratar un seguro
a todo riesgo sino a terceros o, si puede pagarlo, un seguro con
franquicia, que es más barato que el todo riesgo normal. Y lo mismo el
resto de coberturas, como la de robo si el coche está en garaje (baja el
riesgo). Y a la hora de comparar
precios, exija que le concreten el precio final, porque a veces las tarifas
que aparecen en los comparadores de Internet no reflejan el verdadero precio
final. Además, puede ser muy recomendable concentrar los seguros,
tener el coche asegurado en la misma compañía donde tiene el seguro de hogar o
de vida, pudiendo negociar alguna rebaja.
Entre tanto, las
aseguradoras se han lanzado a
vender seguros básicos del automóvil por Internet, donde vender 4,5 veces más
de pólizas que por otros canales, sabiendo que es una vía de entrada de
clientes que luego tendrá que filtrar con su historial de siniestralidad. Y
también buscan más clientes a través de las telecos y de los bancos, que buscan
con ello diversificar su negocio y conseguir comisiones. En cualquier caso, en
2024,
las aseguradoras van a ser muy prudentes, buscando más la
rentabilidad que crecer en clientes, intentando en paralelo que se vayan
los asegurados que “les cuestan dinero”. Así que es la hora de los buenos conductores,
de los que tienen un bajo historial de partes y multas, que deberían conseguir
seguros a mejores precios.
Con todo, sepamos que el seguro del automóvil es y
seguirá siendo caro, aunque tendremos que asumirlo, porque aunque nos cambiemos y consigamos un
mejor precio inicial, el truco está en las revisiones posteriores, donde
acabaremos pagando más. Así que valoremos no sólo el precio, sino
sobre todo la atención y el servicio, porque tener el coche o la
moto asegurada es y será
un servicio caro, además de obligatorio. Pero necesitamos el coche, así que
se trata de un gasto imprescindible, como la vivienda, la comida o Internet. Lo
importante es conocer bien el seguro que tenemos y el resto de seguros del
mercado, sus ventajas e inconvenientes, sus coberturas, el servicio y “la
letra pequeña”. A partir de ahí, elegir y pagar lo necesario. Con el coche
no se juega.
El seguro del automóvil es el seguro más contratado, dado que es obligatorio: había 33.404.417 vehículos asegurados al cierre de 2023, casi medio millón más que un año antes (+1,51%), según el fichero FIVA. Con ello, se estima que un 79% de los hogares españoles tienen una póliza de seguro de vehículos, por la que las aseguradoras ingresaron 12.108 millones de euros en 2023, un 6,63% más que en 2022, según UNESPA. Así, la recaudación por el seguro de automóvil recupera el bache de la pandemia y las compañías ingresan un 7,1% más que en 2019 (11.307 millones). Y la prima media se sitúa en 362 euros por asegurado, aunque la mayoría paguemos mucho más.
Al final, la causa principal de que suban los seguros de
coche es que a
las aseguradoras no les salen las cuentas: se les han disparado los
costes y tienen que subir las primas, porque empiezan a tener pérdidas en el seguro
del automóvil. Así, el seguro del automóvil ha pasado de un margen bruto
(primas menos coste siniestros) de +2.600 millones en 2010 a +1.502
millones en 2023, según
datos de Unespa. La empresa líder
del sector, Mapfre, registró
pérdidas en 2021 y parece que los reembolsos por partes superan a
los ingresos por primas (eran el 100,9% a finales de 2022 y se estima que
suponen el 103,6% de las primas a finales de 2023). También Linea Directa
habría tenido pérdidas en 2023.
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jueves, 18 de abril de 2024
Leyes contra el maltrato al cliente
El suplicio que supone llamar a un
teléfono de atención al cliente (esperas, hablar con robots, cortes…) puede
acabar en 2025, si se aprueba la nueva Ley de Atención al Cliente,
que se debate por 2ª vez en el Congreso, tras no poder aprobarse en 2023 por el
adelanto electoral. La medida estrella es que limita la espera para ser
atendido a 3 minutos y será obligatorio que nos atienda una
persona física, si lo pedimos, además de fijar plazos para resolver
incidencias (15 días). En paralelo, el Gobierno aprobó en marzo otra
Ley que permite a las asociaciones de consumidores ejercer demandas
colectivas, como la “Dieselgate” contra Volkswagen o las cláusula
suelo de algunas hipotecas contra los bancos, agilizando complejas reclamaciones
que duran años. Dos Leyes que garantizan mejor los derechos de los consumidores
y que obligarán a muchas empresas a reforzar sus servicios de reclamaciones y atención
al cliente. Un mayor coste para las empresas que nos acabarán cargando
a los consumidores. Seguro.
Todo el mundo ha sufrido al tener que llamar al servicio de atención al cliente por una incidencia en Internet, luz o gas, bancos o servicios: esperas interminables con músicas y mensaje, contestadores automáticos y robots que nos obligan a diálogos absurdos, elección de dígitos que marcar para ser atendido, nuevas esperas e incluso cortes de llamada cuando el tiempo de espera es elevado o incluso cuando nos está atendiendo un operador, que no retoma la llamada…Un incordio desesperante, que muchas veces nos retrae a la hora de reclamar o simplemente informarnos. La Ley del Consumidor en España es de julio de 1984 y en noviembre de 2007 se incorporaron cambios en un nuevo texto refundido de la Ley, pero no se recogían los cambios que se han dado después en servicios masivos (telecos) o con el auge del comercio electrónico. Por eso, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2020 una Nueva Agenda del Consumidor, para actualizar y mejorar sus derechos.
La Ley
de Servicios a la Clientela afecta
a todas las empresas privadas que prestan servicios de suministro y
distribución de agua y energía, transporte de pasajeros en avión, ferrocarril,
mar o vías navegables, autobús o autocar, servicios postales, comunicaciones
electrónicas y telefónicas, así como servicios financieros. También a grandes
empresas privadas de más de 250 trabajadores, independientemente del sector,
aunque la nueva Ley no afecta a la Administración Pública y sus servicios.
La principal
novedad de la Ley es que limita
los tiempos de espera para el usuario, a un máximo de 3 minutos
en el 95% de las llamadas que recibe la empresa, independientemente del objeto
de la llamada, de que sea para información, para reclamar o para solicitar
algún servicio postventa. Otro cambio importante es que la empresa no
podrá cortar la llamada en espera, como hacen ahora cuando hay un
tiempo de espera elevado. Además, prohíbe el uso exclusivo de la atención
robótica y los contestadores automáticos, obligando a las empresas a ofrecer
la atención de personal físico, empleados suficientemente formados que
deberán atender a los usuarios que lo soliciten (en castellano y otras lenguas
cooficiales en cada autonomía). Y otro tema importante: se deberá asegurar la
atención telefónica y digital a los clientes vulnerables (mayores,
analfabetos digitales o discapacitados, por ejemplo sordos o ciegos).
Las oficinas físicas de estas compañías también están
obligadas a recibir quejas o reclamaciones, que se podrán enviar también
por vía postal, telefónica o correo electrónico. Y en todos los casos, la
empresa está obligada a entregar al usuario una clave identificativa de su
petición o reclamación, para facilitar su seguimiento. Otra novedad
clave de la Ley es que se acortan los plazos máximos para solucionar
incidencias, a 15 días (ahora son 30 días). Y con ello, se prohíbe
a las empresas seguir reclamando supuestas deudas o proceder a cortar
servicios mientras los usuarios tramitan sus reclamaciones.
Además, otra
novedad es que las empresas estarán obligadas a informar a los usuarios de
las incidencias que afecten gravemente de la prestación de un servicio (un corte
de luz, agua o Internet, por ejemplo), sin que el usuario lo requiera expresamente.
La nueva
Ley de Servicios a la Clientela obliga a las empresas afectadas a realizar auditorías
anuales ( externas e independientes) de sus servicios de atención al
cliente, auditorias que deberán conocer las distintas Administraciones,
que podrán actuar en consecuencia si son negativas. Las sanciones por
incumplimiento de la nueva normativa serán de 150 a 10.000 euros en casos
leves, pero podrán llegar a 100.000 euros para infracciones graves.
Las asociaciones de consumidores valoran la nueva Ley
de Servicios a la Clientela como “una mejora de la situación actual”,
aunque señalan algunas carencias. Para
la OCU, el régimen de sanciones es todavía “laxo” y les preocupa que
algunos sectores que tienen regulación sectorial propia (como banca o seguros)
puedan “librarse”, a lo que el ministro de Consumo, Pablo
Bustinduy ha precisado que la Ley “se aplicará de forma horizontal a todos
los sectores”. Para
FACUA , la nueva Ley se queda “corta”, porque no incluye una indemnización
económica al usuario si la empresa no resuelve su reclamación en el plazo
requerido. Piden que se fije una reclamación de 50 euros, similar a lo que ya
sucede en las reclamaciones eléctricas
(tienes derecho a 30 euros si no te responden en 5 días, aunque la
reclamación siga su curso). Y también piden
que se recorte el nuevo plazo de 15 días para las reclamaciones a 10 días (similar
al que establece ya la Junta de Andalucía). El ministro
de Consumo dice que no incluyeron la indemnización para lograr la
aprobación de la Ley, que hace un año contó con el apoyo del PP y la mayoría de
los nacionalistas, algo que hoy no está asegurado.
La nueva Ley
de Servicios de Atención a la Clientela, si finalmente se aprueba y entra en vigor el 1
de enero de 2025, será un gran avance en los derechos de los consumidores y
facilitará que los usuarios se informen, quejen y reclamen vía telefónica, personalmente
o por Internet. En paralelo, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo otra
Ley, la
de Eficiencia de la Justicia, que va a agilizar las reclamaciones
colectivas de los consumidores. Se trata, otra vez, de cumplir con una
exigencia europea, trasponer la Directiva europea 2020/1928,
de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para los
intereses colectivos de los consumidores. España debía aplicarla antes del
25 de diciembre de 2022 y sólo cinco días antes, el 20 de diciembre, el
Consejo de Ministros aprobó una Ley
para la protección colectiva de los consumidores. La Ley se debatió en
el Congreso en 2023 y, como le pasó a la Ley de Servicios a la Clientela, decayó
antes de aprobarse, al anticiparse las elecciones. Y ahora, ha
vuelto a aprobarse por el Gobierno, enviándola al Congreso para
tramitarla por el procedimiento de urgencia.
Esta Ley
pretende facilitar que las organizaciones de consumidores presenten
demandas colectivas en los Juzgados, por temas que afectan a miles de usuarios,
evitando que cada uno tenga que presentar una demanda (compleja y costosa). En
los últimos años, se han multiplicado las demandas colectivas,
aumentando un +120% en toda Europa. En España, hay múltiples
ejemplos recientes: Forum Filatélico y Afinsa, Bankia, las
preferentes, el caso “Dieselgate” contra Volkswagen, la demanda
contra varias marcas por “el cartel” de coches y, sobre todo, la
demanda por las cláusulas suelo en muchas hipotecas (el tipo mínimo
no puede bajar de un mínimo, aunque bajen más los tipos), una macro demanda
liderada por Adicae en la que participan 830 consumidores contra 40 bancos
españoles y que está pendiente de la sentencia del tribunal europeo de Justicia
(TJUE).
Hasta ahora, la presentación de estas demandas
colectivas era difícil y colapsaban los juzgados, encareciendo y
dilatando la resolución de los litigios. Ahora, la nueva Ley (exigida por
Europa y que va con retraso) pretende
eliminar las barreras para presentar estas acciones colectivas,
regulando la intervención de las asociaciones de consumidores y creando un
procedimiento único para abordar estas demandas colectivas, incorporando
plataformas electrónicas que permitirán una tramitación más ágil y coordinada (hasta
ahora, los Juzgados de cada ciudad, provincia o región podrían acumular miles
de causas sin saber que litigios similares se habían presentado en otros lugares).
Ahora, el procedimiento judicial será único y más sencillo, aumentando las
garantías para los consumidores, que podrán reclamar conjuntamente a través
de las organizaciones de consumidores.
Las organizaciones de consumidores apoyan esta nueva
Ley para la protección colectiva de los usuarios, pero “temen
la injerencia de terceros”, porque abre la vía a nuevas entidades
que se dediquen a litigar demandas colectivas como negocio (a cambio de
una comisión por lo conseguido), sobre todo Fondos de inversión. El Gobierno
reitera que con ello sólo cumple la normativa europea y que los
consumidores dispondrán de un listado de organizaciones (en el
Ministerio de Consumo) a las que podrán dirigirse para sumarse a una demanda
colectiva. Y que las organizaciones de consumidores tendrán que competir por el
servicio, con una mayor competencia que ahora, lo que acabará beneficiando a
los consumidores. Lo seguro es que se facilitan las demandas colectivas
y se reducirá “el atasco” en los Juzgados.
Con ambas Leyes, ahora a debate en el Congreso, los
consumidores saldremos ganando, porque podremos defender mejor nuestros
derechos y reclamaciones. Eso sí, esta mayor exigencia a las empresas les
obligará a mejorar y reforzar sus servicios de Atención al Cliente y Reclamaciones,
así como su Departamento Jurídico. Y eso les supondrá más costes, tanto a las
compañías de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones como al resto de empresas
que prestar servicios a los consumidores. Y estos mayores costes, los
acabarán cargando en nuestras facturas, antes o después, de una forma
indirecta y no transparente, encareciendo los servicios que prestan (como hacen
cuando los Gobiernos les cambian Leyes o normas). Estaremos más protegidos,
pero pagaremos más por los servicios que recibimos. Seguro.
Todo el mundo ha sufrido al tener que llamar al servicio de atención al cliente por una incidencia en Internet, luz o gas, bancos o servicios: esperas interminables con músicas y mensaje, contestadores automáticos y robots que nos obligan a diálogos absurdos, elección de dígitos que marcar para ser atendido, nuevas esperas e incluso cortes de llamada cuando el tiempo de espera es elevado o incluso cuando nos está atendiendo un operador, que no retoma la llamada…Un incordio desesperante, que muchas veces nos retrae a la hora de reclamar o simplemente informarnos. La Ley del Consumidor en España es de julio de 1984 y en noviembre de 2007 se incorporaron cambios en un nuevo texto refundido de la Ley, pero no se recogían los cambios que se han dado después en servicios masivos (telecos) o con el auge del comercio electrónico. Por eso, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2020 una Nueva Agenda del Consumidor, para actualizar y mejorar sus derechos.
Se regula
también el horario de atención, que deberá ser de 24 horas en el caso de
empresas que suministran servicios básicos (agua, gas, electricidad o Internet)
y el horario habitual en el resto. Y las empresas deberán admitir para la
presentación de consultas o reclamaciones el mismo canal por el que captaron al
cliente.
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lunes, 15 de abril de 2024
El creciente negocio de los gimnasios
Cada mes se abre en muchas ciudades un nuevo gimnasio,
donde ya acuden a hacer deporte 5,5 millones de españoles, un tercio de
ellos jóvenes que apuestan por cuidar su cuerpo y divertirse en grupo.
Son ya 4.250 gimnasios, un negocio que mueve más de 2.300 millones
al año y que atrae cada vez más a Fondos de inversión extranjeros,
que se han lanzado a comprar y abrir nuevos centros, tras el “bache” de la
pandemia. La fuerte demanda ha hecho subir los precios, ya entre 40 y 50
euros al mes, mientras el sector pide que se les baje el IVA, que Rajoy les
subió del 8 al 21% en 2012. Ahora se espera el desembarco de nuevas franquicias
(de USA), la especialización y la pelea por conseguir que las
empresas ofrezcan un bono para estos gimnasios a sus empleados. Parece
claro que, tras la pandemia, cuidar el cuerpo y acudir a un gimnasio se
ha convertido en una necesidad más para muchos españoles (o en una moda).
España es un país bastante sedentario, donde el 52% de las personas no hace ningún deporte, según la reciente Encuesta del CIS. Pero lo positivo es que ese 48% que sí lo hace ha crecido un 8% desde 2010, aunque todavía estamos por debajo de la media UE (hacen deporte el 55% de los europeos), de Alemania (lo hacen el 68%) y Francia (55%), siendo sólo más sedentarios Grecia (sólo 32% hacen deporte), Polonia (35%), Bulgaria (39%) y Hungría (41%), según el último Eurobarómetro sobre deporte (2022). Lo más llamativo en el caso de España es que de ese 48% que hacen deporte, la mayoría eligen caminar (el 18,1%) y hacer gimnasia en un centro deportivo (15,6%), por delante del ciclismo (15,1%), correr (13,8%), la natación (13,4%) o el montañismo (12,1%), según el CIS. Y cuando se les pregunta a los deportistas dónde hacen deporte, la primera opción es hacerlo en un gimnasio o centro deportivo (39,7%), por delante de hacer deporte en el campo (31,9%), en instalaciones municipales (27,3%), en la calle (25,8%) o en la propia casa (donde hacen deporte el 10,5% de encuestados).
Esta recuperación del negocio de los gimnasios ha continuado
en 2023, donde ya tenemos datos de España, según
anticipa la consultora Deloitte: el sector facturó 2.331 millones
(+11%), rozando la facturación de antes de la pandemia (2.353 millones en 2019)
y el número de abonados creció un +20%, hasta los 5.540.000 usuarios,
una cifra similar a la de 2019. Y además, los 4.250 gimnasios abiertos a
finales de 2023, según
DBK, han aumentado su facturación por abonado, ya que han subido las
tarifas, pasando de 36 a 38 euros de media en 2022 a una media de 38 a 40
euros por abonado en 2023.
El motor de este “tirón” de los gimnasios son los
jóvenes y en especial la llamada “generación Z” (los nacidos en
torno al año 2.000, con una edad de 20 a 28 años), que ya suponen casi el 30%
de los abonados totales (y creciendo). El fenómeno de ir al gimnasio se ha
popularizado entre los más jóvenes en las redes sociales, como una
forma de “ocio compartido”, como una actividad en grupo, algo similar a
lo que antes fueron las boleras o los billares. De hecho, el reciente informe del
CIS revela que el 52,6% de los que hacen deporte suelen luego
compartir otras actividades sociales (comer, beber, divertirse...) con
las personas que lo realizan. Así que los gimnasios se han convertido en una
moda donde los jóvenes: cuidan su cuerpo y de paso se relacionan y
socializan. Y también hay otro grupo de clientes que crece, los
jubilados, que quieren mantenerse en forma y cuidar su salud.
Un dato que desconocen la mayoría de abonados a los
gimnasios es que son empresas controladas en su mayoría por Fondos de
inversión extranjeros y franquicias internacionales, que buscan el
flujo de caja que generan cada mes y aprovechar el “boom” del hacer deporte. De
hecho, 15 de las grandes cadenas de gimnasios que operan en España
cuentan en su accionariado con Fondos
de capital riesgo. Y otra característica del sector es la tendencia
a la concentración, a que los grandes compren locales y gimnasios más
pequeños. Así, las 5 mayores empresas del sector controlan el 26,4% del negocio
total y las 10 grandes controlan ya el 42,1% del mercado, según el Observatorio
sectorial DBK de Informa.
El ranking de los gimnasios en España lo
lidera, por número de centros, la empresa Basic-Fit, propiedad de
un empresario holandés, varios Fondos de inversión USA y Norges Bank, que tiene
186 centros y más de 400.000 socios, tras comprar
a finales de 2023 (por 110 millones de euros) los 42 centros de McFit
(propiedad del grupo alemán RSG Group) y los 5 gimnasios “premium” de Holmes
Place. Así ha desplazado al 2º lugar del ranking por centros a Brooklyn
Boxing, una cadena de boxeo sin contacto que cuenta con 175 centros en
España y 60.000 abonados. La tercera marca es VivaGym, propiedad de
Bridges Found Management (51%), con 104 centros y 302.000 socios. La 4ª mayor
franquicia es AltaFit, propiedad del fondo español MCH, con 82 centros
en España y 140.000 abonados. La 5ª es Forus, propiedad de JP Morgan
(60%), Ben Oldman (8%) e Irmasol (2%), especializada en gestionar centros
deportivos, 49 en España. Le sigue Supera, controlada por Portobello
Capital (57,5%), con más de 30 centros y casi 100.000 abonados. En 7º lugar del
ranking está la compañía francesa Fitness Park, que gestiona 25
gimnasios, con 91.000 socios. Le siguen Metropolitan, propiedad del
dueño de los Hoteles Hesperia, con 20 centros y 82.000 socios, y GoFit, propiedad
de Torreal (Abelló) y la Mutua, con 20 grandes centros y 230.000 socios.
El ranking por facturación de los gimnasios es
diferente, porque depende del modelo de negocio de cada uno, que varía entre
los gimnasios “low cost” (con bajas cuotas, entre 22 y 30 euros mensuales) y
los gimnasios con mayores cuotas y más servicios. En 2023, según
los datos de CMD Sport, lo encabeza Forus (líder en la gestión de
instalaciones deportivas), con un facturación de 80 millones de euros, seguida
de GoFit (líder en gimnasios “low cost”, con 77 millones), Metropolitan
(líder del sector “premium”, con 70 millones facturados), Basic-Fit
(59,6 millones), VivaGym (57,5 millones), Supera (49,1 millones),
Fitness Park (42 millones, el que más creció en facturación en 2023), Brooklyn
Boxing (40 millones), DreamFit (37,3 millones), Beone (34 millones), Serveo
(33), Viding (31) y EuroFitness (28,4).
Para este año 2024, el sector de los gimnasios es optimista
y esperan seguir creciendo, tras haber superado en 2022 y 2023 el bache
de la pandemia. El 87% de las empresas espera seguir creciendo, en centros y
abonados, según la consultora BDO, gracias a que aumente el número de usuarios
y a que se gastan más, contratando servicios más caros. Y además, se espera en
2024 una mayor concentración del sector, con más operaciones de compraventa
de cadenas, como la que protagonizaron en 2023 Basic-Fit y McFit. Además, es
inminente el desembarco en España de más franquicias de “fitness”, no sólo
europeas como hasta ahora: en 2024 podría instalarse en España la estadounidense
Planet Fitness, la mayor cadena de gimnasios “low cost” del mundo, que
quiere abrir 300 centros en Europa.
La consultora
Deloitte augura un nuevo crecimiento del negocio de los gimnasios en
2024, aunque más moderado que en 2022 y 2023. Y cree que el “boom” se
centrará en los gimnasios “low cost”, que son “la puerta de
entrada” para los nuevos abonados, aunque también se consolidará la
especialización de los centros, donde los usuarios elegirán según la
oferta y el asesoramiento, estando dispuestos a pagar más. Eso sí, el sector debe
resolver el problema actual de la
excesiva rotación de los clientes: en 2023, entre el 60 y el
70% se dieron de baja tras unos meses de abono, cuando el porcentaje de
rotación debía estar entre el 40 y el 45%. Por eso, todas las empresas buscan mejorar
la fidelización del cliente, que no se canse y se vaya.
Otra cuestión que preocupa al sector de los gimnasios es la
rebaja del IVA de los recibos, que es el 21% desde 2012, cuando el
Gobierno Rajoy lo subió del 8 al 21%. El
sector pide rebajarlo al 10%, petición que cuenta con el apoyo
del PP. Y también presionan a los
gobiernos autonómicos para que permitan a los clientes deducirse en la
declaración del IRPF parte del gasto del gimnasio, como una forma de
contribuir a la salud y a reducir el gasto sanitario. De momento, esa deducción
sólo existe en
la Rioja y Comunidad Valenciana, aunque otras autonomías (como Madrid) estudian
hacerlo en el futuro. Otra vía de crecimiento del negocio sería alcanzar acuerdos
con grandes empresas, como en otros paises, para que ofrecieran a sus
empleados bonos (gratis o bonificados) para ir al gimnasio, como parte de
una política de mejora de la salud física y mental de los trabajadores.
En resumen, hacer deporte y acudir a un gimnasio
se ha convertido en una prioridad de muchos españoles, sobre
todo jóvenes, relanzando un negocio que despierta el apetito de los
inversores internacionales. Puede parecer una moda, pero el deporte y el
culto al cuerpo parecen una prioridad de gasto para muchos, al igual que el
viajar. Y por eso crecen los gimnasios y las personas que van al gimnasio,
la mayoría con amigos o compañeros, aprovechando el deporte para socializar y
relacionarse. Sobre todo los jóvenes, que tienen
tantos motivos de frustración y que es mejor que la descarguen en el
gimnasio. Y además, todo el mundo sabe que el deporte ayuda a mejorar la salud
y el ánimo. Otra cosa es que para practicarlo no se promuevan más centros
deportivos públicos (municipales), con bajas tarifas y más servicios, y
se deje en manos de los inversores privados, como un negocio más. Pero sea como
sea, bienvenidos sean los gimnasios y su popularización.
España es un país bastante sedentario, donde el 52% de las personas no hace ningún deporte, según la reciente Encuesta del CIS. Pero lo positivo es que ese 48% que sí lo hace ha crecido un 8% desde 2010, aunque todavía estamos por debajo de la media UE (hacen deporte el 55% de los europeos), de Alemania (lo hacen el 68%) y Francia (55%), siendo sólo más sedentarios Grecia (sólo 32% hacen deporte), Polonia (35%), Bulgaria (39%) y Hungría (41%), según el último Eurobarómetro sobre deporte (2022). Lo más llamativo en el caso de España es que de ese 48% que hacen deporte, la mayoría eligen caminar (el 18,1%) y hacer gimnasia en un centro deportivo (15,6%), por delante del ciclismo (15,1%), correr (13,8%), la natación (13,4%) o el montañismo (12,1%), según el CIS. Y cuando se les pregunta a los deportistas dónde hacen deporte, la primera opción es hacerlo en un gimnasio o centro deportivo (39,7%), por delante de hacer deporte en el campo (31,9%), en instalaciones municipales (27,3%), en la calle (25,8%) o en la propia casa (donde hacen deporte el 10,5% de encuestados).
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jueves, 11 de abril de 2024
Conciliación polémica y nueva Ley de Familia
Muchas empresas llevan meses agobiadas para atender
las solicitudes de permisos y cambios de jornada, numerosas tras las nuevas
medidas de conciliación implantadas el 30 de junio de 2023. Y en muchos
casos, los desacuerdos han llegado a los Juzgados de lo Social, ahora más
saturados (426.075 expedientes en trámite). Al final, conciliar
trabajo y cuidados no es fácil y la situación se complicará en los
próximos meses, cuando se apruebe en el Congreso la nueva Ley de Familia,
que quiere ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y extender las
ayudas por hijo. Pero no hay otro camino para frenar la caída de nacimientos: 322.075 en 2023, la mitad que a la
muerte de Franco. Además, la Ley contempla ayudas para más familias, para
luchar contra la pobreza infantil (28,9% de los menores), la 2ª mayor de
Europa. Y el Gobierno estudia una ayuda universal por hijo, como existe
en la mayoría de Europa. Urge apoyar la natalidad y la familia. Enrique Ortega
Visto con perspectiva, se ha avanzado mucho para promover la maternidad de las mujeres trabajadoras en España. En 1900, sólo tenían derecho a un descanso laboral de 3 semanas. En 1929, la dictadura de Primo de Rivera estableció el seguro obligatorio de maternidad, con asistencia médica e indemnización obligatoria durante las 6 semanas posteriores al paro. En 1931, la República amplió la ayuda tras el nacimiento a 12 semanas. Durante la dictadura franquista, desde 1942, el seguro obligatorio de enfermedad establecía un subsidio de lactancia de 10 semanas. Y en 1965, se amplió la baja por maternidad. Con la democracia, en 1980, tener un hijo suponía 14 días de baja para la madre y 2 días para el padre. Hasta que en marzo de 1989, el gobierno de Felipe González estableció 16 semanas de baja remunerada para las madres (las 10 primeras obligatorias) y 4 días para los padres, que han tardado años en ampliarlas: en 2007 subieron a 2 semanas las bajas remuneradas por paternidad, a 4 semanas en 2017, a 5 en 2018 (permitiendo fraccionar el permiso), a 8 en abril de 2019, a 12 semanas en 2020 y a las actuales 16 semanas de baja remunerada por paternidad desde enero de 2021.
En todos estos años, el temor de los
distintos Gobiernos era que los padres no se cogieran estas bajas por
paternidad, con lo que no ayudarían a las mujeres a conciliar y a
repartirse el cuidado de los hijos. Pero los datos indican que el permiso de
paternidad remunerado “ha sido un éxito”, porque lo han cogido
casi todos los padres, por un tiempo medio de 15,5 meses, según
un reciente estudio de EsadeEcPool. Y además, el 75% de los hombres
disfrutan de 12 de las 16 semanas a la vez que la madre y fraccionan el resto
(como las mujeres, a partir de las primeras 10 semanas obligatorias), para
alargar el tiempo de cuidado de los niños. El estudio explica que el
éxito de este permiso parental se debe a 3 razones: es intransferible
(antes de 2021, se podían transferir entre 2 y 4 semanas a la madre), las 6
primeras semanas tras el parto son obligatorias para el padre y, sobre todo, el
padre cobra durante ese tiempo de baja paternal el 100% del salario y esos ingresos
están exentos de IRPF.
Conseguido que los padres cojan mayoritariamente ese permiso
de paternidad de 16 semanas, el Gobierno aprobó el 28 de marzo de
2023 una Ley
de Familia, para mejorar las ayudas a nuevas familias y avanzar en la
conciliación. Era una
Ley exigida por la Comisión Europea, para trasponer (con mucho
retraso) la Directiva
Europea 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y
profesional de los progenitores y cuidadores, dentro de las reformas comprometidas para
recibir los Fondos europeos. Pero se adelantaron las elecciones en España y
decayó la Legislatura. Para aprobar los compromisos más urgentes con Bruselas,
el Gobierno utilizó uno de sus últimos Consejos de la anterior Legislatura para
aprobar, el 27 de junio de 2023, un Decreto
Ley que incluía nuevos permisos para facilitar la conciliación
laboral y medidas para facilitar la reducción de jornada, medidas que pasaron
bastante desapercibidas y que entraron en vigor el 30 de junio de 2023.
Las nuevas medidas en vigor son
de 3 tipos. Por un lado, se han aprobado 3 nuevos permisos: un permiso
retribuido de hasta 5 días (antes era de 2 días) para cuidar a un familiar por accidente o
enfermedad grave , hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo
domiciliario), otro permiso retribuido (nuevo) por horas, de hasta de 4 días
al año, para ausentarse del trabajo “por causas de fuerza mayor”,
por motivos familiares “urgentes e imprevisibles”, y un tercer permiso no remunerado
de hasta 8 semanas para cuidar a los hijos que podrá
disfrutarse (de forma continua o discontinua) hasta que el hijo o acogido cumpla
8 años. La Directiva Europea establece que este tercer permiso (nuevo) debería
estar remunerado, como los otros dos, pero el Decreto del Gobierno no lo
contempló, aunque prometió a Bruselas que remuneraría la mitad del permiso en
la siguiente Legislatura.
Junto a estos 3 nuevos permisos, para facilitar la
conciliación laboral y familiar, el decreto de 2023 amplió
el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos o
personas a cargo con discapacidad que sean menores de 26 años y tengan cáncer u
otra enfermedad grave y facilitaba la
reducción de jornada también a los trabajadores que se encargan del
cuidado directo de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad del cónyuge o
pareja de hecho (incluido un familiar consanguíneo de la pareja de hecho).
El tercer cambio del decreto de 2023, y el más importante,
es que se amplía el derecho a la adaptación de jornada de las
personas que acrediten el cuidado de hijos, cónyuge o pareja de hecho,
familiares con consanguinidad hasta el 2º grado del trabajador y otras personas
dependientes. Y en estos casos, hay
un cambio importante: ahora es la empresa la que tiene que
justificar los motivos por los que no concede la adaptación de jornada
(cambio de turno o de horario), cuando hasta ahora era el trabajador el que
tenía que acreditar por qué solicitaba la adaptación de jornada, que podría ser
rechazada sin más.
Estos cambios, en vigor desde el 30 de junio de 2023,
tardaron meses en ser conocidos y solicitados por muchos trabajadores,
pero a la vuelta del verano, muchos Departamentos de Recursos Humanos de
las empresas se vieron inundados de solicitudes, desde nuevos permisos
a reducciones y adaptaciones de jornada. Esto ha
colapsado a los responsables de personal en los últimos 6 meses, que han
tenido que ver cómo encajar el decreto con su organización del trabajo.
Y en muchos casos, ante la falta de acuerdo, han aumentado los litigios de
los trabajadores afectados ante los Juzgados. De hecho, los Juzgados de lo
Social, que llevan años atascados, han visto aumentar los litigios y a finales
de 2023 había 426.075 expedientes laborales en trámite, +16% que un año antes.
Los
mayores conflictos se están dado por las peticiones de adecuación
de jornada, aunque también por la reducción de jornada y la concesión
de los nuevos permisos, por cuestiones como los 5 días del nuevo permiso
(la Audiencia Nacional considera que son 5 días hábiles, no 5 días naturales), el
cómo se acreditan “los motivos de fuerza mayor”, cómo “casan” los permisos por
hospitalización y cuidados familiares. Y aún se esperan más problemas
cuando el nuevo permiso de 8 semanas para cuidado de los hijos sea
retribuido: la ministra de Seguridad Social ha prometido que las
primeras 4 semanas serán retribuidas antes de agosto, con lo que España
cumpliría así la Directiva europea de conciliación.
Mientras avanzan estos cambios, conflictivos para las
empresas, el
Gobierno ha vuelto a aprobar la Ley de Familia, que decayó en la anterior
Legislatura, para cumplir con Bruselas. El nuevo texto se aprobó el pasado 27
de febrero y es similar al anterior, para agilizar ahora su aprobación en el
Congreso, por trámite de urgencia. La
Ley de Familia pretende mejorar las ayudas a las familias, sobre
todo a las familias numerosas (hay 800.000) y especialmente a las familias
monoparentales (hay más de 2 millones, el 81% encabezadas por una mujer),
también a las parejas de hecho (hay 1,8 millones), facilitando que estas
familias “diversas” tengan mejor acceso a la educación, a las becas, a la
vivienda y a las ayudas públicas. Y además, la Ley establece que en 1 año, el
Gobierno central y las autonomías coordinen una estrategia de ayuda a
los niños en sus primeros 3 años de vida, aprobando un Catálogo de Servicios
y Prestaciones a las familias similar en toda España (ahora existe mucha
desigualdad entre las ayudas familiares que conceden unas y otras
autonomías).
El Gobierno Sánchez pretende que en el trámite parlamentario
de la Ley de Familia se incluya la
ampliación del permiso remunerado por nacimiento (maternidad y
paternidad) de las actuales 16 semanas a 20 semanas. Además, defienden
a medio plazo una
prestación universal por crianza de los hijos (hasta los 16 o 18 años. Y
apoyan su propuesta en que esa prestación universal por hijo existe
ya en la mayoría de Europa: en Bélgica, Suecia, Polonia, Finlandia, Alemania
y Austria, la ayuda por hijo es para todas las familias, mientras en Francia,
Italia, Portugal, Hungría, Grecia y Reino Unido, esta ayuda universal varía
según los ingresos y el número de hijos. Y la defienden muchos expertos, incluida
la OCDE. De momento, el Gobierno pretende dar un paso previo y aprobar
una enmienda a la Ley de Familia para ampliar
hasta los 6 años la ayuda de 100 euros al mes que tienen ahora las madres
trabajadoras con hijos menores de 3 años.
España debe ayudar más a las familias y a la natalidad
por 2 motivos muy evidentes. El primero, porque aunque somos la 4ª mayor
economía de Europa, somos el 2º país europeo con más pobreza infantil :
2.329.975 menores de 18 años, el 28,9% del total, viven en familias que se consideran “pobres”
(ingresan menos del 60% de la renta media, menos de 21.185 euros para una familia con
dos hijos), según
Save the Children, el
2º mayor porcentaje de pobreza infantil de Europa, tras Rumanía (29% de
niños y adolescentes son pobres). Pobreza infantil que se concentra en las
familias monoparentales (con madres solas), inmigrantes, parejas jóvenes y
zonas y empleos más vulnerables, sobre todo familias en alquiler.
El otro grave problema de España, que debería forzarnos a
apoyar a las familias, es la bajísima natalidad: en 2023 han nacido 322.075
niños (muchos, de madres extranjeras), la menor cifra de nacimientos
de nuestra historia reciente, muy lejos del máximo de 2008 (519.779) y la
mitad de nacimientos que el año de la muerte de Franco (669.378
en 1975). Este desplome de los nacimientos se debe a que las
mujeres españolas tienen menos hijos (1,16 hijos por mujer en 2022 frente a 2,77 en 1975), muchos
menos que en Europa (1,5 de media y 1,8 en Francia) y otros paises. Y este desplome
de la natalidad nos va a causar problemas de falta de mano de obra y
menores ingresos para pagar servicios públicos y pensiones, siendo uno de nuestros
mayores retos de este siglo XXI.
Por todo ello, urge volcarse en la familia y en la
natalidad, apoyar por todos los medios que las mujeres tengan más
hijos, con ayuda de sus maridos, familias, el Estado y las empresas,
que tienen que reconvertir a fondo su organización del trabajo para
hacer compatible la vida profesional y familiar, para no
perder a las mujeres que quieran ser madres. El camino no es fácil, supondrá
problemas en las empresas y litigios en los Juzgados, pero hay que avanzar
y no retroceder: sin más niños no hay futuro. Y el aumento de la
natalidad se consigue facilitando el trabajo, la conciliación y la
educación a las familias. Cueste lo que cueste.
Visto con perspectiva, se ha avanzado mucho para promover la maternidad de las mujeres trabajadoras en España. En 1900, sólo tenían derecho a un descanso laboral de 3 semanas. En 1929, la dictadura de Primo de Rivera estableció el seguro obligatorio de maternidad, con asistencia médica e indemnización obligatoria durante las 6 semanas posteriores al paro. En 1931, la República amplió la ayuda tras el nacimiento a 12 semanas. Durante la dictadura franquista, desde 1942, el seguro obligatorio de enfermedad establecía un subsidio de lactancia de 10 semanas. Y en 1965, se amplió la baja por maternidad. Con la democracia, en 1980, tener un hijo suponía 14 días de baja para la madre y 2 días para el padre. Hasta que en marzo de 1989, el gobierno de Felipe González estableció 16 semanas de baja remunerada para las madres (las 10 primeras obligatorias) y 4 días para los padres, que han tardado años en ampliarlas: en 2007 subieron a 2 semanas las bajas remuneradas por paternidad, a 4 semanas en 2017, a 5 en 2018 (permitiendo fraccionar el permiso), a 8 en abril de 2019, a 12 semanas en 2020 y a las actuales 16 semanas de baja remunerada por paternidad desde enero de 2021.
Así que en los próximos meses, entre elecciones y polémicas
por la amnistía, nuestros políticos van a tener que debatir qué ayudas
familiares se aprueban y cómo ayudamos a la natalidad. Y en este debate,
convendría no olvidar que España
gasta la mitad que Europa en la protección a la familia y a la infancia:
un 1,5% del PIB (2021), frente al 2,4% de media en la UE-27. Así que deberíamos
gastar 13.000 millones más cada año para equipararnos a Europa. De momento,
las medidas contenidas en la Ley de Familia suponen
1.200 millones más de gasto, aunque si se amplían los premisos de 16
a 20 semanas, el coste sería mayor.
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lunes, 8 de abril de 2024
España crece, pero la inversión no tira
España crece cinco veces más que la zona euro,
gracias al tirón del turismo, el consumo y las exportaciones.
Pero el 4º motor de la economía, la inversión, falla: apenas
crece y es menor que en 2019, antes de la pandemia. Un problema
preocupante, porque la inversión es el mejor cimiento del crecimiento y
empleo futuros. La inversión pública ha mejorado tras la
pandemia, pero no despega la inversión privada (el 90% de toda la
inversión), porque las empresas han destinado sus mayores beneficios a “desendeudarse”
(devolver créditos), no a invertir. Y por la fuerte subida de tipos. Lo
positivo es que gana peso la inversión en maquinaria y tecnología y lo
pierde la inversión inmobiliaria. Bruselas ha pedido a España que
las empresas inviertan más en innovación y tecnología, porque gastan la
mitad que las europeas. Hay que agilizar la ejecución de los Fondos europeos,
promover la inversión por todos los medios (incluidos fiscales) y rebajar
la crispación política, porque no ayuda a invertir. Enrique Ortega
España se recuperó de la pandemia ya en 2022 y en 2023 creció un 2,5% (cinco veces más del 0,5% que creció la zona euro), empujada por un turismo récord, un consumo que aguanta (por la menor inflación y la creación de 783.000 empleos el último año) y unas exportaciones casi récord (+31,9% sobre 2019). Pero el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece y es el único indicador importante que sigue por debajo de 2019 (232.034 millones de inversión bruta, un -1,6% menos que antes de la pandemia), mientras en el resto de Europa (salvo en Alemania) y en EE. UU. ya crece más que en 2019. De hecho, la inversión en España ha crecido un 2,7% de media entre 2021 y 2023 mientras la economía (el PIB) ha crecido un 4%. Así que la inversión no está ayudando al crecimiento. Y eso es preocupante, porque la inversión es clave para modernizar el tejido productivo, este capital es el cimiento básico para asegurar el crecimiento y el empleo en el futuro.
¿Qué está pasando con la inversión? Hay dos
causas que la han retraído, en España y en todo el mundo. Una, la
debacle económica de la pandemia, que hundió las ventas y la economía y
que tardó en recuperarse, en 2020 y 2021, por los “embudos” en las cadenas de
suministro internacionales. Y este factor ha afectado más a la inversión
en España, porque muchas de las inversiones dependen más de las cadenas
internacionales (automoción, textil, energía, química y farmacia). La otra
causa ha sido la
drástica subida de los tipos de interés (del 0 al 4,5% entre
2021 y 2023), que ha retraído la inversión, más en España porque aquí
las empresas dependen más del crédito bancario. Y otro factor autóctono es que
las empresas españolas han aprovechado sus altos
beneficios de los últimos años no para invertir sino para devolver
créditos, con lo que ahora están menos endeudadas que las europeas: así,
entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, las empresas españolas han
reducido su deuda en 38.924 millones, según
el Banco de España, dejándola en el
menor porcentaje de los últimos 10 años (939.924 millones, el 64,2% del PIB
frente al 80% en 2021).
Además, no ha ayudado a recuperar la inversión la
incertidumbre geopolítica internacional, con la guerra de Ucrania primero y
el conflicto en Palestina ahora. Y en España, los cambios electorales y la
tremenda crispación política. Ahora, debería ayudar al despegue de la inversión
la esperada bajada de tipos (en junio), aunque será lenta y larga, la
moderación salarial (los españoles cobran 18 euros por hora de trabajo, 6
euros menos que la media europea y 13 euros menos que en Alemania, según Eurostat) y el mantenimiento del consumo y el empleo, que permiten a las
empresas mantener beneficios, con los que podrían invertir más.
Pero al margen de la coyuntura, la
inversión lleva siendo un problema en España desde hace década y media.
Entre 1995 y 2007, España vivió un “boom
inversor”, apoyado en el ladrillo y las inversiones inmobiliarias,
lo que duplicó la inversión bruta (de 141.493 millones en 1995 a 288.335
millones en 2007). Pero llegó la crisis financiera y estalló la burbuja
inmobiliaria, desplomando la inversión (hasta un mínimo de 177.852 millones de
euros en 2013, una caída del -38,3% sobre 2007). A partir de ahí, la inversión
empezó a remontar, hasta los 235.829 millones en 2019. Luego llegó la
pandemia y volvió a caer, en 2020 y 2021, recuperándose en 2022 y 2023
(232.034 millones), pero quedando todavía por
debajo de la inversión anterior a la pandemia. Y en 2023, cuando la
economía ha crecido un 2,5%, la inversión ha crecido sólo la tercera parte
(0,8%), según el INE.
Las cifras totales de inversión no revelan tanto el problema
como su menor
peso en la economía: lo que ha pasado es que la economía ha
crecido (desde 2014) más que la inversión. Y así, si la inversión llegó
a suponer el 30% de la economía (del PIB) en 2006, el mejor año, redujo ese
peso año tras año, hasta suponer el 20% en 2019 e incluso bajar ese
porcentaje al 19,34% del PIB en 2023. Un peso de la inversión, antes y
ahora, que es menor al que tiene la inversión en el resto de Europa,
donde supone un 22% de media (del PIB). Y en la mayoría de los paises,
salvo Alemania, la inversión pesa más ahora que en 2019.
Este menor peso de la inversión en España, año tras
año desde 2006, es especialmente preocupante porque la
inversión es la clave para modernizar la economía y destinar recursos a las
nuevas tecnologías y a la innovación. Pero junto a este menor peso de la
inversión, hay otro dato positivo del balance de la última década
y media, según
este reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: ha perdido peso la
inversión inmobiliaria y lo ha ganado la inversión en maquinaria, servicios
privados y públicos. A lo claro: menos ladrillo y más tecnología.
El gran cambio es que la inversión
inmobiliaria ha pasado de representar el 41% de la inversión total en
2007 a representar el 29% de toda la inversión en 2021-23, según
el estudio. Y en contrapartida, ha crecido el peso de la inversión no
residencial, del 59 al 71%. Esto se ve más claro en los últimos tres años
(2021-2023): ha crecido la inversión en servicios privados (+4,8%),
tanto los tradicionales (+5,5%) como los servicios de intensidad digital
(+4,3%), en industrias manufactureras (+3,7%) y la inversión en
servicios públicos (+2,1%), mientras cayó la inversión residencial, en
construcción (-3,7%), en energía (-1,5%) y en agricultura,
ganadería y pesca (-5,2%).
Eso se ha traducido en mayores
inversiones estos últimos 3 años
en maquinaria (26,95% del total), equipos de transporte (10%), tecnología
de la información (TIC, el 10% de la inversión) y activos inmateriales (servicios,
el 12,8%), mientras la construcción no residencial (infraestructuras, naves,
locales) se lleva ahora el 33,4% restante de la inversión total, la mitad que
hace 16 años. En definitiva, todavía se invierte poco, menos que la mayoría
de Europa, pero se invierte más que antes en destinos más productivos que el
ladrillo.
Con todo, la vieja burbuja del ladrillo es todavía un
gran lastre para España y para el futuro de la inversión. Y eso,
porque los activos inmobiliarios suponen un 88% del stock de capital que
tenemos, del capital acumulado (4,2 billones de euros en 2023), un stock que
hay que mantener cada año para cubrir su depreciación. De
hecho, el 75% de la inversión que se hace cada año es para “mantener” ese stock
de capital, donde pesa demasiado el ladrillo (naves, locales,
terrenos, inmuebles), mucho más que en el resto de Europa (en Alemania,
los activos inmobiliarios suponen el 82% del stock de capital y en Reino Unido
el 80%).
Por eso, por tener que dedicar un 75% de la inversión a
cubrir la depreciación del capital, el
capital neto sólo supone un 25% de lo que se invierte cada año y
es lo que podemos dedicar a modernizar la economía. Esta inversión neta
ha caído también desde 2007 (era de 146.498 millones), a la mitad en 2009
(75.704 millones) y a menos de la 6ª parte en 2013 (21.558 millones),
recuperándose después hasta 2019 (62.538 millones) y cayendo con la pandemia,
para no haberse todavía recuperado en 2023 (51.760 millones). La
inversión pública se ha recuperado en parte por las ayudas frente a la
COVID y la inflación (aunque sigue un 55% por debajo de 2009), pero la
inversión privada (que supone el 90% de la inversión
total) se ha recuperado más lentamente desde 2021.
Ahora, la prioridad debe ser recuperar la inversión
(sobre todo la privada), que puede generar más crecimiento y empleo,
dado que se dirige a sectores y destinos más productivos que el
ladrillo. La propia Comisión
Europea acaba de pedir a España
que refuerce la inversión empresarial, sobre todo en innovación y tecnología,
donde las empresas españolas invierten la mitad que las europeas (el 0,8% del
PIB frente al 1,5% de media en la UE-27 y el 2,5% que invierten en I+D+i las
empresas de Bélgica o Suecia). Además, la mayoría de expertos
reiteran la importancia de recuperar la inversión, porque es
la clave para aumentar la productividad de España, más baja que la de la
mayoría de Europa: nuestra producción por habitante (PIB per cápita
descontando la inflación) es el
89% de la media UE-27, porque trabajamos menos gente (2 millones menos
de los que deberían) y porque trabajan con menos eficacia, entre otras causas
porque invertimos menos en modernizar la economía.
El resultado es que España, la 4ª mayor economía
de la UE (tras Alemania, Francia e Italia) ocupa el puesto 16º en
producción por habitante (y en renta o nivel de vida), tras Luxemburgo,
Irlanda, Holanda, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Finlandia,
Malta, Francia (estos 11 paises tienen un PIB por habitante superior a la media
UE), Italia (97%), Chipre (95%), Eslovenia y Chequia (91%), según
el ranking recientemente publicado por Eurostat. Y ojo, España
lleva más de una década produciendo por debajo de la media europea: tenemos
una “brecha” con Europa desde 2010 (96% del PIB por habitante de la
UE-27 ese año, mejor del 89% que tenemos ahora, en 2023).
Si queremos recortar esta “brecha” económica con Europa, ser
más productivos, los
expertos insisten en que hay que reconvertir la economía, fomentar la
innovación y la tecnología, apostar por la industria, mejorar la formación de
los trabajadores y de los gestores, aumentar el tamaño de las empresas,
fomentar la exportación, conseguir una economía más verde y digital. Y todo
esto exige aumentar la inversión, tanto la pública (en
servicios públicos e infraestructuras) como sobre todo la inversión privada.
Y para ello, urge promover nuevos proyectos, con el apoyo de los Fondos
europeos, reduciendo burocracia y agilizando las inversiones, que deben
fomentarse con ayudas e incentivos fiscales. Y también es clave reducir
la crispación política y clarificar el futuro de esta Legislatura,
porque la incertidumbre no ayuda. Todo para relanzar la inversión,
la clave para asegurar el crecimiento y el empleo del futuro.
España se recuperó de la pandemia ya en 2022 y en 2023 creció un 2,5% (cinco veces más del 0,5% que creció la zona euro), empujada por un turismo récord, un consumo que aguanta (por la menor inflación y la creación de 783.000 empleos el último año) y unas exportaciones casi récord (+31,9% sobre 2019). Pero el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece y es el único indicador importante que sigue por debajo de 2019 (232.034 millones de inversión bruta, un -1,6% menos que antes de la pandemia), mientras en el resto de Europa (salvo en Alemania) y en EE. UU. ya crece más que en 2019. De hecho, la inversión en España ha crecido un 2,7% de media entre 2021 y 2023 mientras la economía (el PIB) ha crecido un 4%. Así que la inversión no está ayudando al crecimiento. Y eso es preocupante, porque la inversión es clave para modernizar el tejido productivo, este capital es el cimiento básico para asegurar el crecimiento y el empleo en el futuro.
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